El 3 de enero de 2026 marcará un punto de inflexión alarmante para nuestra Abya Yala y para el orden internacional. La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, ejecutada sin autorización multilateral y justificada, por algunos, bajo un discurso de “defensa de la democracia”, constituye una agresión directa contra la soberanía de un Estado y una violación flagrante del Derecho Internacional. Por eso es inaceptable, porque viola este principio básico.
Más allá del caso venezolano, este acto reactiva una lógica histórica que la región conoce bien: la del intervencionismo imperial como herramienta de disciplinamiento político. Pues aceptar que un país puede ser atacado porque otro considera ilegítimo su sistema político implica convertir la soberanía en un privilegio concedido por los poderosos. Bajo esta lógica, ningún país del Sur Global está realmente a salvo: la autodeterminación deja de ser un derecho y pasa a depender de la alineación geopolítica.
En ese sentido, no se trata de un episodio aislado ni de una acción excepcional. Es la confirmación de que, cuando los intereses estratégicos de una potencia se ven amenazados, las normas internacionales pasan a ser prescindibles.
La guerra no democratiza
La historia reciente es contundente. Las guerras no resuelven crisis políticas ni construyen democracia. Irak, Libia y Afganistán son ejemplos claros: regímenes derrocados, Estados destruidos, sociedades fragmentadas y poblaciones atrapadas en ciclos interminables de violencia. La militarización de los conflictos no repara instituciones, sino que las pulveriza.
Lejos de “corregir” gobiernos, las intervenciones armadas multiplican el sufrimiento de la población civil, profundizan la inestabilidad y dejan heridas sociales difíciles de cerrar. Presentar esta agresión como una salida para Venezuela no solo es falso, sino profundamente irresponsable.
Un precedente peligroso para América Latina
Normalizar la intervención militar estadounidense en Venezuela establece un precedente extremadamente peligroso para toda la región. No es un problema exclusivamente venezolano: es una amenaza directa a América Latina en su conjunto. Aceptar esta lógica equivale a admitir que cualquier país puede ser castigado si no se somete a los intereses de la potencia dominante.
La historia latinoamericana está marcada por intervenciones, golpes de Estado y tutelajes norteamericanos como en Chile (1973), República Dominicana (1965), Brasil (1964), con el Plan Cóndor: Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Perú (1975), Guatemala (1954), Nicaragua (1984), Panamá (1989). Por tanto, volver a legitimar estas prácticas implica retroceder décadas y aceptar que la región sigue siendo tratada como un espacio subordinado, sin plena capacidad de decisión sobre su propio destino.
No es democracia: es geopolítica
Resulta imprescindible decirlo con claridad: esta intervención no tiene como objetivo la defensa de la democracia, sino la imposición de intereses geopolíticos. Se busca controlar recursos estratégicos como el petróleo venezolano, disciplinar a la región mostrando las consecuencias de la desobediencia, disputar influencia frente a China y Rusia, y hacer cumplir reglas económicas y financieras dictadas desde el centro del sistema mundial.
Esta realidad ha sido reconocida sin pudor por la propia administración estadounidense, que en días recientes, explicitó su interés en los recursos venezolanos y en el reposicionamiento estratégico de América Latina. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional, publicada el 4 de diciembre, reivindica abiertamente una actualización de la Doctrina Monroe, bajo nuevos nombres, pero con la misma lógica: “América para los americanos”. En este marco, la región vuelve a ser concebida como zona de influencia, control y proyección militar, no como un conjunto de pueblos soberanos.
La hipocresía del discurso de la libertad
Esta agresión deja al descubierto la profunda hipocresía del discurso de la libertad cuando se pretende imponer mediante la guerra. Reconocer que el gobierno de Nicolás Maduro derivó en una forma de poder autoritaria, con rasgos claramente dictatoriales, es necesario. La concentración de poder, el vaciamiento de instituciones y la restricción de derechos políticos son realidades que no deben negarse ni relativizarse.
Sin embargo, ese reconocimiento no legitima ni justifica una invasión militar extranjera. Por el contrario, expone con mayor crudeza la incoherencia del discurso estadounidense: la retórica democrática se vacía completamente de contenido cuando se utiliza para justificar bombardeos, ocupaciones y violaciones sistemáticas del Derecho Internacional. Lo que se presenta como defensa de valores universales termina siendo, en los hechos, una demostración descarnada de poder imperial.
Condena y solidaridad
Por todo lo anterior, la actuación de Estados Unidos en Venezuela debe ser condenada sin ambigüedades. No como una defensa acrítica de ningún gobierno, sino como un posicionamiento firme en favor de la soberanía, del Derecho Internacional y de la vida de los pueblos. Estados Unidos no ha actuado como garante de la libertad, sino como agresor, y su responsabilidad histórica no podrá ser ocultada bajo ningún discurso moral.
Hoy, lo primero es solidaridad con el pueblo venezolano, desde una perspectiva internacionalista clara: poner un límite al colonialismo imperial sin negar los problemas reales que atraviesa el país. Defender la legalidad hoy, incluso cuando incomoda, es la única forma de evitar que la violencia se normalice como forma de gobierno global.
Preguntas que nos deben interpelan
Ante este escenario, surgen interrogantes que no pueden ser ignorados. ¿Con qué legitimidad podrán invocar la democracia aquellos gobiernos de la región que hoy celebran una invasión extranjera? ¿Qué valor conservarán nociones como soberanía, justicia o Estado de derecho si se acepta que una potencia decida, por la fuerza, qué gobiernos son aceptables y cuáles deben ser removidos? ¿Qué tipo de orden político se está avalando cuando se normaliza la violación de normas creadas, precisamente, para evitar este tipo de abusos?
Estas preguntas podrían definir el futuro de nuestras democracias y el lugar que América Latina ocupará en un mundo donde la legalidad corre el riesgo de convertirse en un simple recurso discursivo al servicio de los más fuertes.