Por Steve Warren Privat Pérez
Durante años, viajar de Lima a Huancayo fue para mí algo casi automático. Desde que era niño, esta travesía formó parte de mi rutina, de mis vacaciones escolares, de mis celebraciones familiares. Yo, como migrante, aprendí a reconocer con el tiempo cada curva de la Carretera Central, cada túnel, cada cambio de altura en la vegetación. Sabía cuándo llegábamos a Ticlio porque sentía cómo se me tapaban los oídos, y sabía que estábamos cerca de La Oroya por el paisaje agrio que se dibujaba en el horizonte. A fuerza de repetición, me volví experto en mirar por la ventana, en calcular distancias sin necesidad de GPS.
Pero un pueblo siempre me llamó la atención: Morococha. Lo recuerdo como un conjunto de casas desordenadas, dispersas entre montículos de tierra, camiones de carga y estructuras oxidadas. Me parecía extraño que alguien viviera allí. Cada vez que pasábamos por ahí, yo pegaba la cara al vidrio para ver mejor, tratando de descifrar cómo era vivir en ese paisaje mineral, cómo era crecer rodeado de maquinarias en lugar de parques o plazas.
Con el pasar de los años, algo empezó a cambiar. Ya no vi las mismas casas. Algunas estaban tapiadas, otras simplemente no estaban. Vi cercos de metal rodeando antiguos espacios, vi maquinaria demoliendo estructuras, vi más polvo y menos gente. En su lugar, unos kilómetros más allá, apareció algo nuevo: bloques grises de viviendas idénticas, calles trazadas en línea recta, postes de luz, una ciudad que desconfiguraba todo el paisaje, que no parecía tener historia. Recuerdo haber escuchado de mis tíos que se está haciendo una nueva ciudad. Decían que eso debía ser bueno porque ahí se tenía que vivir mejor. Me hablaron de progreso y que el Estado debería hacer lo mismo en otros lados. Y hasta cierto momento pensé lo mismo.
Hasta que un día me tocó bajarme del bus.
Fue en el marco de un curso de mi universidad. Viajamos entre investigadores y estudiantes de pregrado, yo era del último grupo. Llegamos a la antigua Morococha, como primera parada, en una tarde helada. El viento silbaba entre los restos de lo que alguna vez fue una comunidad. A lo lejos vi casas a medio derrumbar, lo que parecía un telón blanco que rodeaba gran parte del pueblo. En la pista nos esperaron tres personas, un señor y dos señoras, que se habían negado a dejar su hogar, que resistían el desalojo de la minera china Chinalco, que vivían sin agua ni luz, pero con una claridad que me golpeó en el rostro: “Aquí vivíamos. Aquí seguimos”.
Los señores nos contaron historias que no imaginaba: cómo les ofrecieron reubicación, cómo la mayoría se sintió obligada a firmar, cómo la empresa prometió empleo, educación y cómo todo eso fue desapareciendo en el aire. Nos hablaron de un despojo que no sólo fue material, sino emocional, espiritual, comunitario. Esta es la historia real de cómo una población fue borrada del mapa por el avance del proyecto minero Toromocho, operado por la empresa china Chinalco, con la anuencia de un Estado peruano ausente, que ha sido, en el mejor de los casos, cómplice por omisión.
La historia del conflicto en Morococha es una herida abierta. Pero es también una radiografía de cómo opera el poder corporativo en el Perú, donde la minería —en lugar de ser un motor de desarrollo— se convierte en una maquinaria de despojo, desplazamiento y violación de derechos fundamentales.
Morococha está ubicada en la provincia de Yauli, en Junín, una zona históricamente minera. Su subsuelo contiene valiosos yacimientos de cobre, plata, zinc y molibdeno. Sin embargo, el verdadero drama comenzó en 2007, cuando el gobierno peruano firmó con Chinalco el contrato para ejecutar el megaproyecto Toromocho. Desde entonces, se fijó un objetivo: reubicar a toda la población para permitir la expansión del tajo abierto que devoraría el casco urbano original (Espinoza, 2022, pp.38-39).
Bajo la lógica del “progreso”, el reasentamiento era presentado como una oportunidad: los pobladores dejarían atrás la ciudad antigua —contaminada y precaria— para mudarse a la moderna “Nueva Morococha”, construida por Chinalco. Pero los testimonios recogidos por las personas que nos esperaron en la pista muestran otra realidad: la nueva ciudad es una simulación vacía que no compensa el costo del desarraigo. La mudanza fue forzada, sin consenso pleno, y con condiciones sumamente desiguales. Muchas familias fueron presionadas mediante la compra forzada de propiedades, otras fueron excluidas de las negociaciones, y algunas más simplemente no aceptaron dejar su historia atrás.
Un grupo de nueve familias decidió resistir, nos cuentan. Hoy sobreviven entre escombros y vigilancia privada. Viven sin agua, sin servicios básicos, sin reconocimiento legal, pero con una dignidad que interpela. “Nos quieren sacar como sea”, denuncia una de las señoras. Chinalco ha presentado demandas judiciales para desalojar a los últimos 35 pobladores que se niegan a irse (CooperAcción, 2022). Estas familias son tratadas como “obstáculos al desarrollo”. En un país cuya narrativa oficial idolatra a la inversión minera como tabla de salvación económica, los derechos humanos parecen ser opcionales. Les quitaron sus casas, sus vidas, y encima los quieren criminalizar.
La solución de la barbarie cometida por la minería en alianza con el Estado fue la propuesta de una nueva ciudad con una mirada occidental de progreso y desarrollo: Nueva Morococha. Luego de terminar la conversación con los señores, nos dirigimos a esta ciudad. Yo ya la conocía porque tengo algunos amigos que trabajaban en la zona, contratados por Chinalco como técnicos o ingenieros, esto demuestra que no todas las personas que viven en Nueva Morococha son los habitantes de la antigua ciudad, sino que son los que trabajan para la minera.
Uno de ellos, hace varios años, me mostró la nueva ciudad con orgullo, hablándome de los servicios que se estaban implementando, de los sistemas de agua potable, de las nuevas oportunidades. Pero también reconoció, con cierta incomodidad, que mucha gente había abandonado sus casas nuevas porque se sentían solos, porque no había trabajo, porque el cemento no podía reemplazar a la comunidad. “Parece una ciudad fantasma”, me dijo, en varias ocasiones.
La Nueva Morococha fue promocionada como modelo de urbanismo moderno. Pero basta una visita, como la hicimos ese día, para desmontar el discurso. La reubicación no solo destruyó la ciudad antigua, sino que tampoco garantizó condiciones dignas de vida. Es una urbanización de cartón, impuesta sobre el dolor, sin participación real ni sostenibilidad. Donde las familias reubicadas perdieron sus actividades económicas y que en este nuevo espacio de cemento no pueden volver a tenerlas por la falta de condiciones. Esto vulneró derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda, la identidad cultural, el trabajo y la salud (Espinoza, 2022, p.52). El Estado no supervisó adecuadamente la implementación del reasentamiento, y se desentendió del acompañamiento social. Fue un abandono sistemático. Un despojo con nombre y apellido.
Este conflicto no es un caso aislado. Es el reflejo de un modelo extractivista que opera sin consulta real, sin participación ciudadana, y con una institucionalidad débil o capturada. El proyecto Toromocho se inscribe dentro de una larga cadena de conflictos mineros donde los derechos sociales y ambientales son subordinados al interés empresarial (Torrico, 2018). El problema de fondo no es solo Chinalco. Es un Estado que abdica de su función de garante de derechos, y que se convierte en facilitador de despojos. Esta captura corporativa del territorio es la expresión más cruda de la desigualdad estructural que atraviesa al Perú.
El discurso oficial repite que la minería trae empleo, desarrollo y modernidad. Pero ¿para quién? En Morococha, el desempleo ha crecido. La economía local colapsó con el desplazamiento. Muchos de los ex habitantes de la vieja ciudad ahora viven en la informalidad, sin fuentes de ingreso estables. La promesa de oportunidades fue una estafa, como reconocen los señores de aquella tarde.
Además, la actividad minera ha dejado un severo impacto ambiental: contaminación de aguas subterráneas, emisión de metales pesados, y afectación de ecosistemas. Los pobladores denuncian que, desde la llegada de Chinalco, las enfermedades respiratorias y dérmicas se han incrementado, como lo señaló una de las señoras “nuestros hijos están contaminados de plomo”, pero no solo ello, sino que ellas mismas se quejan de que “arde y quema” cuando hablan de las emisiones de la minera. El costo humano y ecológico del cobre que se exporta para sostener el consumo mundial es asumido por comunidades como Morococha, invisibles para los balances contables.
Nos contaron también que Chinalco interpuso una demanda contra los pobladores que aún resisten en la antigua ciudad, y pidió su desalojo forzoso. Las familias solicitaron que se declare infundada la demanda, pero el proceso avanza en un contexto de asimetría absoluta y el Estado actúa como promotor de la inversión, no como regulador; y el Poder Judicial responde con lentitud y sesgo. No hay mediación real. No hay diálogo. Solo procedimientos legales que se imponen como garrote. La institucionalidad peruana ha renunciado a su deber de proteger a los más débiles.
A pesar de todo, los pobladores de Morococha no se rinden. Siguen organizados. Siguen denunciando. Siguen viviendo en medio del polvo como acto político. Su sola permanencia es una forma de resistencia.
Hasta que tocó volver a bus.
Volví a Lima con más preguntas que respuestas. Con una tristeza que no me abandonaba. Con la certeza de que esta historia debía ser contada. Este artículo nace de ese viaje, de esos encuentros, de esa deuda personal. No pretendo hablar por los pobladores de Morococha, sino ayudar a que sus voces resuenen más allá de los Andes, más allá del silencio que les ha sido impuesto. Porque mientras haya alguien que siga diciendo “Aquí vivíamos”, nadie debería poder fingir que no ha pasado nada.
Porque visibilizar el caso de Morococha no es solo narrar una injusticia. Es denunciar un modelo. Es preguntarnos qué tipo de país estamos construyendo. ¿Queremos un Perú donde los derechos se subordinan al cobre? ¿Un país donde el “desarrollo” significa borrar pueblos? Desde las universidades debe surgir una narrativa crítica, que desmonte los mitos del extractivismo y acompañe las voces silenciadas por la maquinaria minera.
Referencias
CooperAcción. (2022, 24 de febrero). Morococha: Familias no reasentadas piden que se declare infundada demanda de minera Chinalco. Cooperacción. https://cooperaccion.org.pe/6-morococha-familias-no-reasentadas-piden-que-se-declare-infundada-demanda-de-minera-chinalco/
Espinoza, D. (2022). Conflicto social por el reasentamiento poblacional de Morococha del proyecto minero Toromocho, 2019 [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional del Centro del Perú]. Repositorio UNCP. https://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12894/5525/TESIS%20CONFLICTO%20SOCIAL%20POR%20EL%20REASENTAMIENTO%20POBLACIONAL%20DE%20MOROCOCHA%20DEL%20PROYECTO%20MINERO%20TOROMOC.pdf
Torrico, G. (2018, diciembre 5). Morococha: el pueblo al que China desplazó para extraer cobre en Perú. Convoca. https://operacionchina.convoca.pe/morococha/