Gustavo Gutiérrez insistía en que la opción preferencial por los pobres no es un tema más de nuestra fe, sino una perspectiva, un lugar desde el que mirar la vida común, la vida de todos. Es un lugar desde el que orientar la praxis cristiana, juzgar el presente y lo que busquemos ser. Es decir, la perspectiva del pobre nos ofrece un criterio central para evaluar la realidad y discernir propuestas de cambio para la vida común.
El 2026 puede ser un año de grandes cambios para el Perú. Tendremos elecciones generales, regionales y locales, y ya se perfilan discursos y proyectos de cambio, incluso de quienes hoy gobiernan. Pero los cambios no son neutros, pueden portar esperanza o pueden agudizar las crisis que ya vivimos: el debilitamiento institucional que nos pierde como comunidad política, la inseguridad y la violencia que generan y aprovechan los más fuertes —o directamente las redes criminales—, la pérdida de referentes éticos que nos pretenden robar la palabra justa y la esperanza.
En este contexto, la perspectiva del pobre es, más que nunca, ese “hilo de oro” a seguir para no perdernos en medio de laberintos confusos y minotauros amenazantes, como sugería Batista Libanio. Una sociedad, y toda propuesta para ella, se evalúa por cómo trata a los últimos, a los más pobres, a los más vulnerables.
Por eso, en 2026, la pregunta por el lugar de los más débiles debería acompañarnos de manera constante: ¿qué seguridad para quien trabaja de noche o tiene apenas un pequeño negocio?, ¿qué justicia para quien no tiene contactos ni abogados?, ¿qué educación y qué salud para quienes sólo cuentan con los servicios públicos para sostener su vida y la de sus hijos?
La defensa del bien común, que explícitamente reconoce a los más pobres, propone que si se es capaz de pensar en quienes están al borde, se podrá pensar en todos; sin embargo, el lenguaje del bien común que omite a los más vulnerables no ofrece ninguna garantía de ser realmente común y para todos.
Un gran desafío para el bien común, desde la perspectiva del pobre, es la defensa del espacio tan debilitado de las instituciones democráticas y el respeto de la legalidad. Las instituciones y la ley no son suficientes, pero son necesarias para hacer posible el diálogo en la diversidad y una construcción compartida de país. ¿Cómo fortalecemos —o recuperamos— instituciones democráticas necesarias? ¿Cómo cuidamos —o defendemos— el respeto al valor de la ley igual para todos?
La defensa de lo común supone, básicamente, la necesaria defensa de la vida ante las múltiples formas de violencia que nos aterrorizan como país y también como humanidad. La violencia daña a todos, pero cuando la ley del más fuerte se convierte en regla social, los pobres —y quienes están de su lado— son los primeros en ser heridos. Si una propuesta política o social relativiza la vida, o pretende legitimar la violencia y la muerte por cualquier razón, la perspectiva del pobre nos recuerda el infinito valor de cada vida y nos advierte que el permiso para matar o dejar morir no tarda en justificar la muerte de cualquiera.
El Perú que llega al 2026 no está, en definitiva, sólo ante una lista de problemas, sino ante una crisis de sentido ético. El debilitamiento de lo que es común (una ley que vale para todos, la palabra que obliga, la institución que responde, la convivencia que reconoce dignidades), junto con la inseguridad y la violencia (que inhiben la participación, imponen silencios, normalizan el pago de “cupos” y aceptan las reglas del crimen y la fuerza) están erosionando el valor de la palabra y el sentido de un “nosotros”. Quizá el desafío central del 2026 sea, precisamente, no perder y más bien defender la palabra: la palabra que ama y afirma, que defiende sin destruir, que responde y acoge; la palabra que no humilla, que no miente, que no es acallada por el miedo. En este esfuerzo la Iglesia puede aportar mucho como servidora del encuentro, ayudando a que caminemos juntos, con esperanza, por el bien común, como recordó la última Semana Social.