La muerte de un adolescente de 17 años dentro de la comisaría de Manchay es un acontecimiento político: ocurrió bajo custodia del Estado, las circunstancias siguen rodeadas de dudas y contradicciones, y el hecho sucede en un momento en que el Perú atraviesa una peligrosa normalización de la violencia estatal.
Según la versión oficial, el adolescente habría fallecido por asfixia dentro de la carceleta donde permanecía detenido. Sin embargo, la familia rechaza esta explicación y denuncia presuntos maltratos, agresiones físicas y actos de tortura. Diversos reportes periodísticos han recogido además testimonios que apuntan a posibles irregularidades durante la detención y a presuntas solicitudes de dinero para gestionar su liberación. La Fiscalía ha iniciado investigaciones y será esta instancia la que determine responsabilidades.
Pero existe una pregunta que trasciende el expediente judicial: ¿por qué una parte importante de la ciudadanía encuentra verosímil que un adolescente haya podido ser víctima de violencia policial dentro de una comisaría? La respuesta es sencilla y alarmante al mismo tiempo: porque no se trata de un hecho aislado.
La violencia policial no es una anomalía
Durante años se ha instalado en el debate público que toda crítica a la Policía equivale a una defensa de la delincuencia. Esta falsa dicotomía ha permitido invisibilizar numerosos casos de abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza y vulneración de derechos fundamentales.
La Policía Nacional cumple una función indispensable en cualquier sociedad democrática. Sin embargo, precisamente porque posee el monopolio legítimo de la fuerza, debe estar sometida a controles más rigurosos que cualquier ciudadano. Cuando esos controles desaparecen o se debilitan, la fuerza pública deja de ser una herramienta de protección para convertirse en un instrumento potencial de abuso.
El caso de Manchay ocurre en un país donde todavía permanecen abiertas las heridas de las protestas de 2022 y 2023, cuando decenas de ciudadanos murieron producto de la represión estatal. Las investigaciones sobre aquellos hechos avanzan lentamente mientras numerosos actores políticos intentan cerrar el debate bajo el argumento de que las fuerzas del orden simplemente “cumplían con su deber”.
El enemigo interno
Durante el conflicto armado interno de las décadas de 1980 y 1990, el Estado peruano construyó la figura del “terrorista” como enemigo absoluto. Esa categoría permitió justificar prácticas que, en muchos casos, terminaron vulnerando derechos fundamentales.
Hoy el discurso dominante ya no gira únicamente alrededor del terrorismo. El nuevo enemigo es el delincuente, el sospechoso, el joven pobre de los barrios periféricos, el manifestante, el migrante o cualquier persona que pueda ser presentada como una amenaza para el orden.
En este contexto, la presunción de inocencia comienza a perder valor político. Lo importante ya no es garantizar derechos sino demostrar mano dura. Por eso no sorprende que una parte del debate público se pregunte primero qué hizo el adolescente para ser detenido antes de preguntarse cómo murió bajo custodia policial.
El blindaje legal de la impunidad
Uno de los fenómenos más preocupantes de los últimos años ha sido la aprobación y promoción de normas destinadas a ampliar la protección legal de policías y militares involucrados en intervenciones que terminan causando lesiones o muertes.
Sus defensores argumentan que estas medidas buscan brindar seguridad jurídica a quienes combaten la criminalidad. Sin embargo, numerosos especialistas en derechos humanos han advertido que el efecto práctico podría ser la reducción de mecanismos de rendición de cuentas.
Cuando una institución percibe que las posibilidades de sanción disminuyen, aumentan los riesgos de conductas abusivas. Esto no ocurre únicamente en la Policía; es un principio básico que se aplica a cualquier organización humana.
La impunidad no siempre adopta la forma de una absolución judicial. A veces comienza mucho antes, cuando los actores políticos transmiten la idea de que ciertos funcionarios merecen una presunción automática de inocencia, mientras las víctimas deben superar obstáculos extraordinarios para ser escuchadas.
Una advertencia para el Perú
La muerte del adolescente en Manchay debe ser investigada de manera exhaustiva, independiente y transparente. Si existieron responsabilidades individuales, estas deben ser sancionadas; si no las hubo, la investigación debe demostrarlo con claridad.
Pero, incluso cuando el proceso concluya, seguirá existiendo una discusión más amplia que el país no puede evitar. El Perú atraviesa una etapa de creciente autoritarismo, donde la seguridad se utiliza para justificar la reducción de controles democráticos. Se fortalece la lógica de la mano dura mientras se debilitan los mecanismos de fiscalización; se exalta la obediencia y se desprecia la crítica.
Manchay puede convertirse en el símbolo de una época, aquella en la que la impunidad dejó de ser una consecuencia indeseada para convertirse en un proyecto político. Y cuando eso ocurre, nadie está verdaderamente seguro, porque el problema ya no es quién ocupa una celda, sino quién controla a quienes tienen las llaves.