Vida digna en el Perú: Un estado de excepción

por Glafira Jiménez Paris, miembro del equipo de teología del Instituto Bartolomé de Las Casas

El (fallido) estado de excepción ha sido revelador y ojalá que aprendamos algo, y que ese algo sea bueno para el país y, sobre todo, para aquellos/as que viven la justicia social como un estado inalcanzable, posible para unos pocos. En ese sentido podemos decir que una vida digna en el Perú es un estado de excepción.

Qué hemos aprendido de estas “horas” de crispación política. En primer lugar, la marcha atrás del Presidente ha supuesto una victoria del ejercicio democrático. Quienes pongan el acento en la debilidad del presidente y no en el triunfo de la democracia, sufren de una miopía política preocupante. El Sr. Castillo, presidente de la República,  ha dado un paso atrás  porque de eso se trata, también, la democracia:  de vigilar a los poderes del Estado (a todos) e impedir medidas que (suponiendo la buena voluntad) no se ajustan a derecho, produciendo más ambigüedades que resolución de problemas y recortando derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. De eso se trata. De hacer saber a los poderes del Estado que no tienen permiso para ejercer el poder otorgado, encomendado, a su antojo. De eso se trata. De una ciudadanía que alza la voz cuando pretenden hacernos vivir en el umbral de indeterminación peligrosa entre democracia y absolutismo. Hay reglas, señores y señoras. Raquíticas, insuficientes, si, pero hay: no estamos en la época de las cavernas, tampoco. El país cuenta con instituciones de larga trayectoria que han dado la talla en momentos muy complicados. Con ciudadanas y ciudadanos que han demostrado sentido común político, sentido de país, en muchísimas ocasiones. El Perú cuenta con una importante reserva democrática.

El Instituto de defensa legal ha sido claro respecto a la clara, y sabida, y de sentido común, inconstitucionalidad del decreto (Pronunciamiento del 5 de abril (https://www.idl.org.pe/pronunciamiento-exigimos-cese-de-inmovilizacion-social-obligatoria-y-demandamos-medidas-urgentes-para-paliar-la-crisis-social-y-politica/), no voy a incidir en ello. Lo verdaderamente importante es preguntarse cómo es que una medida de este tipo vio la luz pública si tenía las horas contadas. Y una pregunta más importante todavía, ¿por qué?

La pandemia ha levantado, fuertemente en Europa, el debate y la discusión en torno a los estados de excepción. Nos falta memoria de corto plazo (dos años atrás) y nos falta lectura. Desde hace ya algunas décadas, la filosofía política ha llamado la atención sobre cómo este tipo de medidas responden a maniobras del poder (de turno) que se conoce como biopolítica (regulación y administración de los cuerpos en momentos de crisis), con objetivos claros que tenemos y debemos desenmascarar:

  • promover miradas y análisis idealistas (fuera de la realidad que viven la mayor parte de los y las peruanas) para defender el orden y volver a la normalidad justificando el sacrificio de unos pocos (siempre los/as mismas) en beneficio general,
  • una oportunidad política para desviar la mirada de los reclamos sociales, donde el centro parece restablecer el orden, la ley sin reparar en el daño causado, el sufrimiento de quienes viven “a las justas”, sin justicia.
  • evitar (y evitarnos) un juicio crítico a las condiciones (de vida) de esa supuesta normalidad a la que se quiere volver , sin mencionar las condiciones que hacen de la posibilidad de una vida digna para todos y todas las peruanas un “estado de excepción”, accesible a unos pocos. Y en este punto quiero poner el acento.

Los informes de instituciones nacionales, internacionales, continentales respecto al aumento de la desigualdad y la injusticia son claros (ver último informe de coyuntura del Instituto Bartolomé de las Casas, marzo 2022): en los dos años de pandemia el país ha retrocedido diez años en índices de pobreza y desnutrición; más del 25% de la población peruana tiene dificultades para garantizar su seguridad alimentaria, solo el 28% de las familias aseguran poder cubrir sus gastos.

Un ejemplo desde noviembre a abril. Pongamos que vive usted en la provincia de Chachapoyas-Amazonas, ceja de selva, a 2,300 metros sobre el nivel del mar. Alejado y (casi) ajeno a las peleas políticas (de Lima, dicen). ¿Cuál es nuestra normalidad?.  Pues bien, estaría usted en estado de (casi) inmovilidad forzada por el derrumbe de las carreteras a consecuencia del terremoto de noviembre 2021; inmovilidad también para combustibles y alimentos con la correspondiente subida de precios de la comida (1000 soles más para un comedor parroquial de 40 familias desde enero), gas (68 soles) y petróleo (cuando se puede viajar no hay plata para la gasolina). El clima sigue su curso: época de lluvias; gozaría usted de las correspondientes inundaciones de casas, sembríos y pérdida de animales, y huaycos (esto desde noviembre 2021), más inmovilidad forzada y más inseguridad alimentaria. El Hospital Regional en Chachapoyas no cuenta ni con todas las especialidades, ni todos los días, ni con todos los recursos para diagnóstico (resonancia magnética, por ejemplo), así que si “osa” enfermarse algo grave, le espera un viaje a Chiclayo de 10 horas por esas carreteras (incluido “El cuello”, que ya cuesta atravesarlo cuando se está sano) en las condiciones geográficas, ambientales y estructurales mencionadas.

Y esto, a cada rato. La vida digna y justa, un estado de excepción. Esta es, en mi opinión, la cuestión de fondo. Y para que esa vida digna no sea un estado de excepción es necesario hacer una invitación a detener el progreso de estado de excepción social (injusticia) como se ha detenido el estado de excepción jurídica.  Podemos comenzar visibilizando nuestro particular “Pongamos que vive usted en…”, desenmascarando esa (inhumana) normalidad a la que se pretende volver como si fuera un estado mejor. Ya estábamos en estado de excepción y seguimos en estado de excepción, solo que algunos/as no se han dado cuenta.

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