El 5 de octubre se celebró el día de la medicina peruana en conmemoración a Daniel Alcides Carrión, mártir y héroe de la medicina nacional, quien dio su vida por la salud de la población al inocularse el virus de la verruga peruana para investigar esta enfermedad que cobraba la vida de los connacionales de su época. Sin embargo, más de un siglo después, la pregunta sigue vigente: ¿podemos realmente hablar de una “celebración” en un país donde la salud y los derechos humanos siguen siendo vulnerados y postergados?
La salud: defensa de la vida y derechos humanos
A menudo se asume que la labor en el campo de la salud se limita a la atención clínica, los diagnósticos o la gestión en los establecimientos. Sin embargo, la salud está profundamente atravesada por las condiciones sociales, económicas y políticas en las que la población vive, enferma y muere. Ignorar este contexto equivale a mirar solo una parte del problema.
La memoria reciente de nuestro país nos exige una profunda reflexión ética. Durante las movilizaciones sociales sucedidas en el gobierno de Dina Boluarte, miles de ciudadanos salieron a las calles a ejercer su legítimo derecho constitucional a la protesta. La respuesta estatal dejó un saldo trágico de peruanas y peruanos fallecidos. Entre ellos se encontraba el internista de medicina Marco Antonio Samillán, asesinado en Juliaca mientras prestaba auxilio a los heridos. Samillán, a pesar de estar uniformado como médico y encontrarse auxiliando a heridos, recibió dos disparos que acabaron con su vida. El caso de Samillán demuestra una verdad fundamental: atender a quien lo necesita y defender la vida no es un crimen, y nadie debería perder la vida por cumplir esa labor.
Al igual que Marco Antonio Samillán, Daniel Alcides Carrión fue un voluntario brindando atención a los heridos durante la guerra del Pacífico, demostrando que su compromiso con la población iba más allá de las aulas, de los consultorios, más allá de investigaciones y publicaciones científicas. Ambos estuvieron presentes al lado de la población, respondiendo a sus necesidades y demostrando que su patriotismo y compromiso social se demostraba estando al lado de las necesidades del pueblo.
Esta misma realidad se replica a nivel global. En Gaza, Palestina, el personal sanitario enfrenta cotidianamente ataques, privaciones y la pérdida de vidas por parte del gobierno israelí por negarse a abandonar a los enfermos y heridos en medio de la destrucción de hospitales y la restricción de ayuda humanitaria. Crímenes y secuestros cometidos contra profesionales médicos, como el caso del Dr. Hussam Abu quien permanece ya más de 600 días privado de su libertad, son una muestra dolorosa de cómo la violencia sistemática despoja a las poblaciones de su derecho más básico: el derecho a la vida y a la atención sanitaria.
El peso del silencio y la inacción institucional
Frente a estas situaciones, cabe interrogar el papel que asumen los colegios profesionales, los gremios y las instituciones del sector. Históricamente, la acción colectiva de los trabajadores de la salud ha logrado conquistas laborales y salariales indispensables. Sin embargo, debemos cuestionarnos desde una mirada crítica: ¿se ha reaccionado con la misma firmeza y unidad cuando se vulneran los derechos de la población a la que se deben?
El silencio institucional frente a la injusticia social no es una postura neutral, es una forma de omisión que termina por convalidar las arbitrariedades del poder. Ocurrió en el pasado frente a graves atropellos, como las esterilizaciones forzadas en la década de los noventa durante el gobierno de Alberto Fujimori, y se repite cuando prevalece la indiferencia ante la violencia o la precariedad con la que cotidianamente se atiende en los establecimientos de salud.
¿Qué tipo de ética guía el funcionamiento de estas instituciones? ¿Basta con cumplir funciones técnicas y administrativas, o existe también la responsabilidad social de abogar por la dignidad de las personas?
Un llamado a cuestionar y actuar
El compromiso con la salud exige mirar más allá de los muros de los establecimientos de salud. Exige comprender que los reclamos por mejores condiciones en los centros de atención, abastecimiento de medicinas o presupuestos dignos no son solo reivindicaciones corporativas, sino derechos del pueblo que el Estado está obligado a garantizar. Recuperar el legado de Daniel Alcides Carrión y Marco Antonio Samillán implica asumir una postura ética clara y activa. La salud y la vida no son mercancías ni favores que el poder concede, son derechos humanos irrenunciables que exigen la participación, la vigilancia y la solidaridad de toda la ciudadanía. Dejar atrás la indiferencia es el primer paso para construir una sociedad auténticamente justa y humana.
