Por Alejandro Céspedes García, miembro del equipo de reflexión política y coyuntura del Instituto Bartolomé de las Casas
Durante el 2024, hemos identificado las principales redes de influencia en los diversos poderes del Estado, particularmente en el Congreso y el gobierno. Las palabras «crimen», «sicariato», «extorsión» y «delincuencia» han dominado las portadas de los periódicos y portales digitales.
En términos de configuración política, nuestra Constitución vigente define nuestro sistema como presidencialista. Sin embargo, este Parlamento, que frecuentemente vota en bloque sin considerar diferencias ideológicas, ha consolidado, en la práctica, un sistema en el que el Legislativo centraliza todo el poder sobre el Ejecutivo y lo somete. Según el politólogo Juan de la Puente, se ha instaurado un sistema parlamentarista de facto. Creo que hay razones de sobra para suscribir dicha afirmación.
El Congreso se ha convertido en un ente abiertamente mercantilista y prebendario, modificando más de una docena de artículos del Código Penal en beneficio de organizaciones delictivas y del crimen organizado. Antes del 2024, si un servidor público o líder de partido beneficiaba a un privado mediante la aprobación de leyes a cambio de favores, esto configuraba los delitos de concusión y tráfico de influencias, y, en casos complejos, el de organización criminal, con penas de hasta 35 años de cárcel.
Sin embargo, las bancadas mayoritarias del Parlamento han redefinido el delito de organización criminal, buscando evitar ser procesadas y garantizar su impunidad. ¿El resultado? Si son denunciados por actos ilegales, solo pueden ser procesados por concusión o tráfico de influencias, delitos que prescriben en menos de cinco años, es decir, durante el período de mandato congresal.
Además, entre las normas urgentes aprobadas, destaca la eliminación de la responsabilidad penal de los partidos políticos. Esto protege a organizaciones como Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, o Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, evitando que sus partidos sean disueltos pese a estar involucrados en actividades ilícitas. De este modo, se consolida un marco de impunidad para las llamadas «empresas políticas». Es también preocupante la Ley N° 32107 que limita las capacidades de investigación y enjuiciamiento de conductas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2002.
Por otro lado, los escándalos que rodean a la presidenta Dina Boluarte han reforzado la sumisión del Ejecutivo al Congreso. Las acusaciones de corrupción para favorecer al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de relojes Rolex valorados en más de 54 mil soles cada uno; no informar al Parlamento para someterse a una cirugía, ya sea estética o correctiva del sistema respiratorio; y el presunto uso del vehículo presidencial para proteger a su exsocio Vladimir Cerrón, actualmente prófugo, han marcado su gestión. Cabe recordar que por menos motivos se presentaron mociones de vacancia contra el expresidente Pedro Castillo, quien finalmente fue destituido tras intentar un golpe de Estado.
No obstante, no ha sido lo único. Entre los hechos más relevantes de este año destacan la conformación de nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, la elección de una nueva fiscal de la Nación, el fallecimiento del dictador Alberto Fujimori, el rechazo casi unánime de la clase empresarial al gobierno y al Congreso en el CADE 2024, las continuas protestas ciudadanas lideradas por los choferes para pedir garantías para trabajar sin ser extorsionados ni asesinados, la revelación de una presunta red de prostitución enquistada en el Parlamento, las contrarreformas políticas como el retorno al financiamiento privado de partidos políticos y el fracaso de la eliminación de los movimientos regionales. Estas variables incidirán en el devenir político del 2025.
Iniciamos un período preelectoral marcado por el auge de la criminalidad, que sienta las bases para el surgimiento de liderazgos políticos populistas, disruptivos y, como demuestra la experiencia nacional y regional, con escaso interés en fortalecer la democracia. Mientras tanto, miles de jóvenes peruanos continúan emigrando en busca de un mejor futuro. Se estima que más de 1.5 millones de peruanos han dejado el país desde 2022, una cifra comparable al número de migrantes venezolanos radicados en el Perú debido a la crisis política y económica de su país.
Es prematuro anticipar salidas claras a esta crisis. Con casi 40 partidos inscritos (que podrían ser hasta 73 al cierre del padrón electoral) y la necesidad de conformar listas para elegir presidente, vicepresidentes, senadores, diputados, gobernadores regionales y alcaldes, el panorama es sumamente complejo. Aunque se vislumbran algunas alianzas, el personalismo de los líderes políticos dificulta su sostenibilidad incluso en el corto plazo.
Este momento exige promover espacios de diálogo, rechazar actos que vulneren la dignidad humana, combatir la cultura del oportunismo y construir consensos en torno a temas comunes para garantizar una mínima convivencia en el futuro inmediato del país.