Las declaraciones y acciones recientes de Milagros Jáuregui, congresista de Renovación Popular y pastora evangélica, han provocado una indignación profunda y generalizada que no solo es comprensible, sino absolutamente necesaria. No se trata de una polémica pasajera ni de un desacuerdo ideológico más: estamos frente a la normalización pública de prácticas que vulneran de manera directa y grave los derechos humanos de niñas víctimas de violación sexual, promovidas desde una posición de poder político y legitimadas mediante un discurso religioso que resulta profundamente violento.
Jáuregui declaró públicamente que en un albergue que ella misma fundó se ha obligado a niñas de entre 10 y 13 años, embarazadas producto de violación, a continuar la gestación y convertirse en madres. Sus palabras, lejos de reflejar empatía o cuidado, estuvieron cargadas de autosatisfacción moral. Aseguró que las niñas “no se arrepienten” y sostuvo que “la verdadera víctima es el bebé”, desplazando deliberadamente a la niña violada del centro de la discusión. Esta afirmación no solo es moralmente inaceptable: es peligrosa, cruel y profundamente deshumanizante.
Violencia institucional contra la infancia
Negar la condición de víctima a una niña que ha sufrido violencia sexual es una forma extrema de violencia simbólica. La violación no es un hecho secundario ni un elemento anecdótico dentro de un embarazo: es un crimen que deja secuelas físicas, psicológicas y emocionales profundas y duraderas. Obligar a una menor a gestar el producto de esa agresión no repara el daño; lo prolonga, lo intensifica y lo institucionaliza.
La maternidad forzada en niñas ha sido reconocida por organismos internacionales de derechos humanos como una forma de violencia de género y, en determinados contextos, como trato cruel, inhumano o degradante. Cuando esta imposición proviene de una figura con poder político y se ejerce con respaldo institucional o convalidación estatal, deja de ser un abuso individual para convertirse en violencia institucional. El Estado, en lugar de proteger a las niñas, pasa a ser cómplice de su revictimización.
Resulta especialmente grave que estas declaraciones provengan de una congresista de la República. No se trata de una opinión privada expresada en el ámbito personal, sino de un mensaje emitido por alguien que legisla, fiscaliza y tiene capacidad de influencia directa en políticas públicas. El mensaje que se transmite es devastador: que el sufrimiento de las niñas es secundario, negociable o incluso irrelevante frente a una ideología que prioriza la gestación por encima de la vida, la salud y la dignidad de quienes han sido violentadas.
La fe como herramienta de control
El uso del discurso religioso en este contexto merece una crítica contundente. La fe, para millones de personas, es un espacio de consuelo, acompañamiento y sanación. Sin embargo, aquí es utilizada como una herramienta de control y coerción sobre cuerpos infantiles violentados. No hay nada de protector ni de compasivo en obligar a una niña a parir; no hay amor ni ética en negar su trauma; no hay cuidado en exponer públicamente su dolor como prueba de superioridad moral.
La exposición pública de niñas embarazadas o ya madres (mostrándolas en actos, fotografías o videos como prueba del “éxito” de una postura ideológica) constituye una forma adicional de revictimización. Se vulnera su derecho a la privacidad, se las reduce a símbolos y se las utiliza como instrumentos de propaganda. Todo esto ocurre mientras se ignora sistemáticamente su voz, su consentimiento y su derecho a decidir sobre su cuerpo y su futuro.
El dogma de Milagros Jáuregui por encima de derechos
Negar esta opción no es “defender la vida”. Es imponer una única salida basada en dogmas personales. Cuando una autoridad política promueve la obstrucción de derechos reconocidos por la ley, no actúa como representante de un Estado laico, sino como agente de una moral particular impuesta por la fuerza. Si además existen derivaciones institucionales hacia espacios donde se niega información y atención integral, el problema se vuelve estructural y compromete seriamente la responsabilidad del Estado.
Obligar a una niña a convertirse en madre no la protege: la castiga por haber sido víctima. La condena a una vida atravesada por el trauma, la interrumpe en su infancia, su educación y su desarrollo integral. La expone a estigmatización, pobreza y dependencia. Todo esto mientras, en muchos casos, el agresor sexual permanece impune o recibe una atención pública mínima en comparación con la víctima.
La idea de que la maternidad “repara” la violación es una ficción cruel. No existe evidencia médica, psicológica ni social que la respalde. Por el contrario, múltiples estudios muestran que las niñas obligadas a gestar presentan mayores índices de depresión, ansiedad, estrés postraumático y riesgo suicida. Celebrar estos embarazos como “historias de vida” o “milagros” implica una negación deliberada del sufrimiento real.
Consecuencias reales de un discurso violento
La indignación que ha provocado este caso es legítima, necesaria y urgente. Marca un límite claro frente a prácticas que jamás debieron normalizarse. Recuerda que las niñas no son instrumentos ideológicos, ni incubadoras forzadas, ni símbolos al servicio de agendas políticas o religiosas. Son personas con derechos, con voz, con historia y con un futuro que debe ser protegido, no sacrificado.
Las palabras y acciones de Milagros Jáuregui representan una de las expresiones más crudas de cómo la violencia puede institucionalizarse cuando se normaliza el sufrimiento ajeno en nombre de una supuesta moral superior. Cuando una autoridad política justifica la maternidad forzada de niñas violadas, no solo perpetúa el daño individual: legitima una cultura de crueldad que castiga a las víctimas y absuelve, de facto, a los agresores.
Rechazar este discurso no es una opción ideológica ni un gesto simbólico. Es una obligación ética, legal y humana. El Estado peruano tiene el deber impostergable de garantizar que ninguna niña víctima de violación sea forzada a gestar, que todas reciban atención integral, información veraz, acompañamiento psicológico y acceso efectivo a los derechos que la ley reconoce. También tiene la responsabilidad de impedir que funcionarios públicos utilicen su cargo para imponer creencias personales sobre cuerpos vulnerables.
La defensa de los derechos de las niñas no admite ambigüedades ni medias tintas. Aquí no existen dos posiciones igualmente válidas: existen víctimas que deben ser protegidas y prácticas que deben ser condenadas sin reservas. Cualquier sociedad que aspire a llamarse justa debe ser capaz de decirlo con claridad y actuar en consecuencia.
Llamado final: por una sociedad que proteja a la infancia sin excepciones
El Papa Francisco ha señalado en encuentros internacionales sobre los derechos de la niñez, “nada vale más que la vida de un niño” y es imperativo escuchar a los menores, especialmente a los que viven en situaciones de violencia, injusticia o explotación, para reforzar nuestro “no” categórico a toda forma de maltrato, indiferencia o daño hacia ellos. Ha señalado con claridad que proteger la infancia no es solo un ideal religioso, sino una responsabilidad social urgente que exige acciones concretas para garantizar acceso real a salud, educación, justicia y dignidad.
Frente a la justificación de prácticas que perpetúan daño y revictimización, como la maternidad forzada de niñas víctimas de abuso, es necesario recordar que el valor absoluto de la vida y la dignidad de los niños trasciende cualquier posición política o dogmática. Defender sus derechos no es una concesión ni un gesto de tolerancia: es la base ética sobre la que una sociedad justa debe edificarse.
Hoy, más que nunca, se hace imprescindible que el Estado, las instituciones y toda persona se comprometan a proteger a quienes no pueden protegerse por sí mismos. Cualquier acción o discurso que minimice, normalice o justifique la violación de los derechos de los menores debe ser enfrentado con firmeza, porque no existe responsabilidad moral mayor que garantizar que cada niño y cada niña pueda vivir, crecer, soñar y ser escuchado sin miedo ni dolor.
Steve Privat Pérez
Coordinador del Proyecto
«Agroecología para una buena vida» – APTES
Foto de portada: Congreso de la República.