Entrevistamos al presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza para conversar sobre los desafíos de las nuevas autoridades electas en las últimas elecciones regionales y municipales del Perú.
¿Con qué panorama asumen el gobierno las nuevas autoridades electas? Actualmente existe un descontento social y un evidente rechazo a la política por parte de los ciudadanos.
Es un escenario muy complicado. Estamos buen tiempo en un ciclo de inestabilidad y de crisis. Cuando uno mira la situación del país desde la perspectiva de la Mesa de Concertación, la evolución de la pobreza se ha estancado. Desde el 2004 hasta el 2016, encontramos una reducción de la pobreza. Pero desde hace seis años, usando la información de la Encuesta Nacional de Hogares, nos hemos estancado.
¿A qué se debe este estancamiento?
Se debe a dos factores relevantes. El primero es el factor político. En el 2016 comienza el tema de la crisis política, además tuvimos el fenómeno del Niño que afectó no solo a la Costa Norte, sino a otras regiones del país. Y también la pandemia. Todo ello define un escenario de inestabilidad y que aún arrastramos.
¿Cuáles son los principales problemas que presenta la población peruana, sobre todo a nivel regional?
En nuestras viviendas rurales tenemos problemas porque no tienen acceso a un servicio de agua de calidad o alcantarillado. Con la pandemia, todo eso afectó a la población de las periferias, quienes no contaban con acceso a servicios básicos. Eso incrementó los riesgos de vivienda precaria en todo el Perú.
Precisamente en los días previos a las elecciones se firmó con los candidatos de todo el país el Acuerdo de Gobernabilidad ¿A qué se comprometieron los candidatos al suscribirse a este acuerdo?
Para luchar con estos problemas, desde la mesa trabajamos para generar un proceso sinérgico entre los municipios, gobiernos regionales y provinciales. Necesitamos que esos tres niveles cooperen. Si seguimos con la fragmentación política, la ciudadanía no recibirá los servicios que requiere. El acuerdo es que los partidos que están en un territorio y que van a tener que compartir elementos tengan un marco común de compromiso y de exigencia recíproca.
¿Y qué pasa si los candidatos que son elegidos no cumplen con el acuerdo? ¿Hasta qué punto la mesa tiene injerencia?
Al generar en las regiones los acuerdos de gobernabilidad se promueve que sean oficializados por una ordenanza regional y que se conviertan en un marco de referencia para la gestión. En el seguimiento, participa el gobierno regional presentando qué avances hay, qué problemas tienen y las organizaciones de la sociedad civil que integran la mesa participan también de esa discusión. Lo que le toca a la Mesa de Concertación es facilitar el proceso de diálogo.
En su opinión, ¿cuáles son los principales retos que presentan los nuevos alcaldes y gobernadores? Mucho se habla de la competencia que tiene cada uno.
El primer desafío que van a tener las autoridades será darse cuenta de que algunas de sus ofertas electorales están fuera de las posibilidades de sus regiones. Todos los candidatos hacen ofertas pensando que con eso ganan votos y probablemente los ganan, pero también ganan un desacuerdo cuando has ofrecido más de lo que puedes.
¿A qué se debe eso?
Tenemos tres niveles de gobierno: regional, provincial y distrital. En la gestión, muchos temas están vinculados en cada nivel. Por ejemplo, el gobierno regional tiene que ver salud, educación, infraestructura vial, desarrollo económico. Algo de eso también le toca al provincial y distrital. Entonces hay responsabilidades compartidas. Eso puede generar problemas. Eso es lo que hay que ir construyendo, una mejor delimitación de funciones y competencias entre cada nivel del gobierno.
Finalmente, uno de los principales problemas y del cual se habla mucho es la corrupción. ¿Existen medidas que se pueden adoptar para combatir la corrupción?
Hay que empezar en cada elector. Los votantes no deben seguir repitiendo “no importa que robe, pero que haga obras”. Las obras se quedan paralizadas como se han quedado cientos en el país. El elector tiene que ver la hoja de vida, los antecedentes del candidato o candidata y de su partido político. Otro aspecto es la vigilancia. Una ciudadanía organizada puede hacer vigilancia. El acceso a la información del presupuesto público está al día. Si yo quiero saber cuánto está gastando un gobierno en mi ciudad, puedo entrar y ver. Se puede pedir colaboración de jóvenes, profesionales, estudiantes universitarios, quienes pueden asociarse para ver qué está pasando.
