Ante los recientes y graves hechos vinculados al proceso de Elecciones Generales 2026, quienes suscribimos, ex Defensores del Pueblo, nos dirigimos a la ciudadanía con el propósito de contribuir a la defensa del orden constitucional y democrático.
El proceso electoral constituye el fundamento de la legitimidad democrática. En tal sentido, la voluntad popular expresada en las urnas durante la reciente jornada electoral debe ser respetada en su integridad, como expresión soberana de la ciudadanía. Cualquier medida que implique reabrir, fragmentar o alterar el acto electoral vulnera la igualdad del voto y la unidad del proceso, afectando gravemente la confianza pública.
Respecto de la renuncia del Jefe de la ONPE, advertimos que se trata de una decisión no prevista para esta etapa del proceso electoral, cuya aceptación inmediata por la JNJ plantea serios cuestionamientos desde el punto de vista institucional y exige una motivación pública suficiente. Sin perjuicio de ello, y dado el escenario actual, corresponde a las autoridades competentes adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad, imparcialidad y transparencia del proceso, de modo que se contribuya a fortalecer la confianza ciudadana de cara a la segunda vuelta.
Si bien las graves irregularidades advertidas deben ser investigadas con el debido rigor y celeridad, no se advierte, hasta el momento, la existencia de elementos que configuren dolo o fraude que comprometa la validez del proceso en su conjunto.
Asimismo, la eventual adopción de medidas no previstas en el marco constitucional y legal, como la nulidad parcial de la elección o la convocatoria a elecciones complementarias, carecería de sustento jurídico y afectaría la legitimidad de los resultados ya expresados mayoritariamente por la ciudadanía.
Por estas consideraciones, exhortamos:
- a la Junta Nacional de Justicia a motivar públicamente los fundamentos de su decisión y a respetar las competencias y la autonomía operativa de la ONPE;
- al Jurado Nacional de Elecciones a resolver los pedidos sometidos a su conocimiento con estricto apego a la Constitución y la ley, garantizando el respeto a los resultados del proceso electoral, sin ceder a presiones de ninguna naturaleza;
- a las fuerzas políticas a respetar dichos resultados y a canalizar cualquier controversia exclusivamente por las vías institucionales.
Lima, 22 de abril de 2026