En el Perú la atención de los ciudadanos está centrada en los impactos, que ya se comienzan a sentir (tanto en pesca, agricultura, industria textil, como en el alza del precio de los alimentos) por los fenómenos de El Niño Costero y del Niño Global. Y, en mucho menor medida, en las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, que no reflejan el real arraigo territorial de los mal llamados partidos nacionales. La aprobación por el Congreso anterior de un proyecto de ley que eliminaba los movimientos regionales provocó una estampida de candidatos subnacionales hacia los partidos nacionales. El Observatorio Político del Instituto de Estudios Peruanos nos dice que, en 2022, se presentaron 114 movimientos regionales y solo 12 partidos políticos nacionales. En 2026, en cambio, se han presentado sólo 23 movimientos regionales y 41 partidos nacionales.
Siendo ambos temas importantes, nos parece que no pueden pasar desapercibidos dos retos fundamentales que afrontamos como país.
1. La Pobreza
A diferencia de la mayoría de países, Perú no ha logrado volver a los niveles de pobreza prepandemia por falta de voluntad política. En 2019 la tasa de pobreza era de 20,9%, hoy es de 25,7%; y la pobreza urbana pasó de 14,6% (2019) a 23,4% (2026). Lamentablemente, en los cuatro principales documentos donde el gobierno ha dado a conocer sus objetivos (mensaje presidencial, exposición del Premier en el Congreso, pedido de facultades para legislar, política general del Gobierno 2021-2026) no figuran como prioridad políticas públicas específicas para afrontar este desafío.
Por ello, es importante recordar lo que nos dice León XIV: “La condición de los pobres representa un grito que, en la historia de la humanidad, interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos, y especialmente a la Iglesia. En el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y, por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo” (Dilexi te n.° 9).
2. La violencia sexual y de género
Ojo Público nos recuerda que “el Perú es uno de los países de la región con la tasa más alta de violencia sexual, principalmente contra niñas, niños y adolescentes”[1], como lo hemos visto tanto en el caso de la violación sistemática de niñas awajun y wampis en Condorcanqui[2] (ante la total inacción de las autoridades), como en el terrible caso del Liceo Naval Almirante Guise en Lima.
La Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales del INEI nos dice que el 75,7% de hombres y mujeres mayores de 18 años toleran este tipo de violencia. Y lo que es más grave, el 56,7% de hombres mayores de 18 años justifican la violación sexual.
Sin embargo, combatir este flagelo no está en las prioridades del gobierno; más bien, las autoridades del sector que debe afrontar este problema tienen una posición ultraconservadora, negacionista y displicente que dará continuidad al desmontaje iniciado por el anterior Congreso, liderado por el fujimorismo, de todo lo avanzado a este nivel.
La posición de León XIV es muy diferente: “Es una realidad que doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos” (Magnifica Humanitas n.° 57).
Ante la inacción del gobierno creemos que la sociedad civil, en estrecha coordinación con representantes del Congreso, a quienes sí preocupen estos dos desafíos, deben hacer incidencia: en un caso para generar políticas públicas que alivien la situación de los pobres y, en el otro, para revertir las políticas del gobierno de Fuerza Popular y Renovación Popular que no permiten disminuir sustancialmente los altos niveles de violencia de género en el país.
[1] Desmontan el enfoque de género del Ministerio de la Mujer.
[2] desco: Se registran más de 1253 víctimas de violencia sexual entre el 2024 y julio del 2026.
