El ser humano hace el arte y, después, el arte contribuye a modelar al ser humano. No existe civilización que no haya sido narrada, cantada, danzada, pintada o esculpida antes de ser escrita por los historiadores. Las artes constituyen la médula espiritual de un país; forman su memoria, sus afectos y su imaginación. Allí donde florece el arte también florece la libertad, porque toda creación auténtica nace del acto profundamente humano de imaginar un mundo similar o distinto al que nos ha sido impuesto.
En el Perú, el arte posee una ternura singular, y no porque se ignore el sufrimiento, sino porque se ha aprendido a sobrevivir en medio de él. Nuestro arte ha sido forjado entre la pobreza, la violencia, el racismo, la exclusión y el abandono estatal. Es fruto de una historia dolorosa, pero también de una extraordinaria capacidad para transformar el sufrimiento en belleza. La mayoría de artistas peruanos no han creado desde la comodidad del privilegio, sino desde la resistencia cotidiana. Sus obras llevan la marca de generaciones enteras que encontraron en la música, la danza, el teatro, la pintura, la poesía o la artesanía una forma de seguir existiendo cuando la historia parecía negarles ese derecho.
La Ley N.° 32645 y el problema de fondo
Por eso me resulta profundamente preocupante la promulgación de la Ley N.° 32645, que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú. Aunque sus promotores la presentan como un mecanismo para ordenar el ejercicio profesional y fortalecer el sector cultural, el problema de fondo no radica únicamente en su estructura administrativa, sino en el principio de que el Estado puede establecer quién merece el reconocimiento institucional de artista y bajo qué condiciones debe ejercer esa identidad. Ese principio representa un cambio peligroso en la relación entre el poder y la creación.
Tal vez, toda sociedad necesite instituciones. Aunque nadie discute la importancia de organizar profesiones cuyo ejercicio compromete directamente la vida, la salud o el patrimonio de las personas; la colegiatura obligatoria tiene sentido cuando busca garantizar estándares técnicos en disciplinas donde un error puede costar vidas. Pero el arte pertenece a una categoría completamente distinta. Su materia prima no es la técnica, sino la libertad. No responde a protocolos invariables ni a procedimientos estandarizados. Un artista no obtiene legitimidad porque una institución lo reconozca; la obtiene porque su obra dialoga con la sensibilidad de una comunidad y logra expresar aquello que otros no pueden nombrar.
Cuando el poder pretende administrar la creación
La historia del arte es, precisamente, la historia de quienes rompieron las reglas establecidas. El arte existe para cuestionar, incomodar, emocionar y abrir nuevos horizontes de sentido. Cuando una estructura burocrática comienza a definir quién pertenece al mundo artístico, el riesgo ya no es únicamente administrativo; es profundamente político.
Los defensores de esta ley sostienen que nadie perderá su derecho a crear. Tal afirmación, aunque tranquilizadora en apariencia, omite que el poder nunca se expresa únicamente mediante prohibiciones explícitas. También opera a través de mecanismos de reconocimiento, certificación y legitimación. Quien posee la facultad de decidir quién forma parte de una comunidad profesional también adquiere, inevitablemente, la capacidad de excluir, jerarquizar o condicionar ese acceso.
La preocupación expresada por numerosos colectivos culturales, teatros independientes, músicos, actores, escritores y gestores culturales no nace del temor al orden institucional. Surge del reconocimiento de un principio histórico. Toda vez que el poder ha intentado definir qué es el arte y quién puede ejercerlo, la libertad creadora ha terminado debilitándose. La historia universal ofrece suficientes ejemplos de ello. Desde los regímenes que persiguieron el denominado «arte degenerado», pasando por las censuras impuestas por diversas dictaduras del siglo XX, hasta los sistemas que sometieron la creación a parámetros ideológicos oficiales, el resultado siempre fue la reducción del arte a un instrumento del poder.
Y no trato de afirmar que el Perú haya ingresado en semejante escenario, sería una exageración irresponsable. Pero sí corresponde advertir que las democracias también deben cuidarse de las pequeñas renuncias a la libertad. La erosión de los derechos casi nunca comienza con una prohibición absoluta; suele iniciar mediante disposiciones aparentemente razonables que amplían gradualmente la capacidad del Estado para intervenir en espacios que deberían permanecer abiertos y plurales.
La paradoja cultural del Estado peruano
Existe, además, una contradicción profundamente peruana. Durante décadas, los artistas han enfrentado precariedad laboral, ausencia de seguridad social, escasas oportunidades de financiamiento, presupuestos culturales insuficientes y una política pública caracterizada más por la indiferencia que por el acompañamiento. El Estado rara vez ha estado presente para garantizar condiciones dignas de creación. Sin embargo, ahora pretende estar presente para organizar, registrar y supervisar un ámbito que nunca logró fortalecer.
¿No habría sido más urgente aprobar políticas que amplíen el acceso a la cultura, fortalezcan la educación artística, protejan el patrimonio vivo, financien proyectos independientes o garanticen mejores condiciones para quienes viven del arte? Resulta paradójico que un Congreso incapaz de responder a las necesidades más elementales del sector encuentre prioridad en la creación de una estructura corporativa cuya utilidad práctica ha sido cuestionada incluso por buena parte de los propios artistas.
El Perú que nunca necesitó una colegiatura para crear
Otro problema que advierto es en una dimensión todavía mayor cuando recordamos la naturaleza profundamente diversa de la cultura peruana. ¿Quién podría afirmar seriamente que los retablistas de Ayacucho, los ceramistas de Chulucanas, los danzantes de tijeras, los músicos de las comunidades andinas, las cantoras amazónicas, los escultores populares, los artesanos tradicionales o los poetas orales necesitaron una colegiatura para convertirse en referentes de nuestra identidad nacional? Muchos de ellos jamás pasaron por una escuela superior. Aprendieron de sus padres, de sus abuelos, de la comunidad y del territorio. Su legitimidad proviene de una tradición viva que ningún diploma podría reemplazar.
El arte peruano nunca ha sido patrimonio exclusivo de las academias. Es, sobre todo, patrimonio de los pueblos. Reducir el reconocimiento artístico a criterios institucionales supone desconocer su diversidad de caminos, lenguajes y formas de aprendizaje.
El arte sobrevivirá al poder
Defender esa libertad no significa rechazar toda forma de organización profesional. Significa recordar que existen espacios donde el poder debe actuar con una prudencia extrema porque lo que está en juego no es un trámite administrativo, sino la posibilidad misma de imaginar un país diferente.
Por otro lado, una democracia madura no teme a los artistas. Comprende que la creación constituye una forma indispensable de pensamiento crítico. El arte cuestiona las verdades oficiales, revela aquello que la política intenta ocultar y devuelve humanidad allí donde el poder solo ve estadísticas o procedimientos. Por eso la función del Estado no consiste en definir quién puede ser artista, sino en garantizar que todos puedan crear en libertad, sin censuras, sin privilegios y sin barreras arbitrarias.
Los gobiernos pasarán. Los congresos cambiarán. Las leyes serán modificadas o derogadas. Pero el arte permanecerá, porque nació mucho antes que los Estados y seguirá existiendo cuando las instituciones que hoy pretenden regularlo sean apenas una nota al pie de la historia. La creación humana nunca ha necesitado permiso para iluminar la oscuridad de su tiempo. Tampoco debería empezar a necesitarlo ahora.