«El que quiera ser grande entre ustedes debe hacerse servidor de todos» (Mc 10,43-44) es una de las máximas que mejor expresan el sentido del liderazgo cristiano. La grandeza de quien gobierna no reside en su capacidad para imponerse, más bien en la responsabilidad con que asume el servicio que le ha sido confiado. No depende de la astucia, carisma o eficacia para ganar una elección, sino de la disposición para poner el servicio, el bien común, por encima de los propios intereses. Lamentablemente, esto no ha ocurrido en nuestra historia política reciente, ni parece estar mostrándose en los liderazgos que protagonizaron esta segunda vuelta electoral.
En un país dividido prácticamente por mitades, ambos candidatos de la segunda vuelta han dejado pasar la oportunidad de pensar responsablemente el encargo de la ciudadanía. Hubiéramos esperado un esfuerzo por tender puentes, reconocer las razones de los otros y ofrecer señales concretas de apertura para proponer juntos consensos mínimos para la convivencia democrática.
Hubiéramos esperado que ambos comprendieran que una elección tan estrecha implica una responsabilidad mayor, que aumenta además para quien le corresponda finalmente gobernar. Gobernar un país dividido implica comprender que la legitimidad democrática no proviene únicamente de haber obtenido la mayoría de los votos, sino también de la capacidad de gobernar para todos. Supone asumir la responsabilidad de reconstruir la confianza nacional y escuchar las preocupaciones de quienes temen por el rumbo del país.
Esto es especialmente importante porque las elecciones reflejan una diferencia electoral estrecha y una fractura social y moral más profunda. Seguimos siendo un país que no logra encontrarse consigo mismo: territorios que desconfían unos de otros, sectores sociales que nos miramos con sospecha y ciudadanos que votamos más desde el miedo que desde una esperanza compartida.
El Perú postelectoral necesitaría una reconciliación exigente: con responsabilidad, escucha del otro y preocupación por los más vulnerables. En este contexto, la voz de la Iglesia católica, y las demás iglesias, y en especial la visita de León XIV pueden convertirse en una oportunidad pastoral para llamar al país a una fraternidad que no niegue nuestras distancias, sino que las transforme cívica y democráticamente.
El problema no es pensar distinto, eso parte de la vida democrática. El problema es que el diferente es visto como amenaza. El adversario no es un interlocutor, es alguien que debe ser derrotado, humillado o silenciado.
La reconciliación que el Perú necesita no es sólo un llamado abstracto a la unidad o la paz. No habrá unidad duradera si no se escuchan las razones del malestar que expresan ambas mitades del país y si no se construyen acuerdos nacionales en torno a los problemas que todos reconocemos como urgentes: pobreza, inseguridad ciudadana, corrupción, centralismo y precariedad institucional.
Desde la perspectiva de la opción por los pobres, corresponde preguntarnos qué han expresado realmente las urnas: ¿qué dijeron los votos de las periferias urbanas, las regiones, los trabajadores informales, los jóvenes sin horizonte, las familias golpeadas por la inseguridad?, ¿qué heridas, miedos y esperanzas se encuentran detrás de esas decisiones electorales? Escuchar esas voces constituye una condición indispensable para cualquier proyecto serio de gobernabilidad.
La anunciada visita del papa León XIV al Perú adquiere una especial importancia. Él nos conoce y sus palabras pueden interpelarnos desde dentro de las heridas que no dejan de fragmentarnos como nación. Su presencia puede recordarnos que la reconciliación auténtica no consiste en borrar las diferencias, sino en aprender a habitarlas democráticamente y que gobernar exige servir, escuchar y construir confianza.
Nos corresponde, como cristianos, estar atentos para vigilar y luchar para que este ánimo de reconciliación sea la dinámica política de estos años, y no los temores de una vuelta autoritaria, ausente de justicia y en confrontación permanente.