Hay frases que no deberían necesitar contexto para estremecer. “¡No matarás!”, por ejemplo, no es solo un mandato bíblico: es el punto de partida mínimo de cualquier sociedad. Y, sin embargo, en el Perú hay territorios donde esa prohibición parece negociable. Donde la vida no es un derecho, sino una variable. Donde cinco jóvenes de Colcabamba (Huancavelica) pueden morir acribillados y lo primero que se discute no es la tragedia, sino la coartada.
Eran cinco jóvenes. No eran un número ni un titular pasajero. No eran una estadística en la periferia del país. Eran hijos, hermanos, deportistas. Jóvenes campesinos que se dirigían a jugar fútbol, vivían con la energía propia de su edad y habitaban ese Perú profundo al que el Estado llega tarde o no llega. Sin embargo, bastaron unos minutos, unas balas y una decisión para que sus vidas fueran arrebatadas.
No portaban armas. No hay pruebas contundentes de enfrentamiento. No hay una narrativa sólida que justifique la violencia letal. Lo que sí existe es un patrón conocido: un operativo militar, disparos contra un vehículo, cinco cuerpos. Y luego, el relato.
La construcción del enemigo
En el Perú, la muerte no termina con el último disparo. Continúa en el lenguaje. Aparece entonces una palabra que lo justifica todo: “narcoterroristas”. Una etiqueta que no describe, sino que transforma. Que convierte a las víctimas en sospechosos, que habilita la violencia retrospectiva, que disuelve la empatía.
Basta con pronunciarla para que la discusión cambie de eje. Ya no se trata de cinco jóvenes muertos, sino de un supuesto operativo exitoso. Ya no se exige explicación, sino que se concede el beneficio de la duda. El lenguaje, así, se convierte en una forma de absolución anticipada.
Pero hay algo profundamente perturbador en la rapidez con la que una parte del país acepta esa narrativa. Como si existiera una predisposición a creer que ciertos cuerpos (los rurales, pobres) son siempre potencialmente culpables. Como si la distancia geográfica se tradujera automáticamente en distancia moral.
El Perú que no vale lo mismo
Las imágenes que han circulado en redes interpelan. Preguntan quién dio la orden, por qué se disparó, dónde están las pruebas; pero, sobre todo, plantean una cuestión más incómoda: ¿por qué la vida de los jóvenes rurales parece valer menos?
La respuesta es estructural. Vale menos porque no ocupa el centro del poder, no determina agendas mediáticas y no altera los equilibrios políticos. Porque pertenece a un Perú históricamente marginado, donde la ciudadanía es incompleta y la visibilidad es episódica.
En ese país fragmentado, hay muertes que detienen el tiempo y otras que apenas interrumpen la rutina. Hay víctimas que movilizan indignación nacional y otras que quedan confinadas en sus comunidades. Huancavelica no es solo un lugar: es el reflejo de esa desigualdad.
La política del miedo
Sectores políticos, especialmente el fujimorismo, han construido durante décadas una identidad política basada en la promesa de orden frente al caos. Es una narrativa eficaz porque conecta con un trauma real: la violencia de los años más duros del conflicto interno. Pero esa misma narrativa puede volverse peligrosa cuando transforma la excepción en regla, cuando normaliza la lógica militar como forma de gestión del conflicto social.
No es la primera vez. Y esa es, quizás, la parte más inquietante. Cada cierto tiempo, en momentos políticamente sensibles, reaparecen escenas similares: operativos en zonas alejadas, discursos sobre terrorismo, enemigos difusos que justifican acciones extremas. Ocurrió en el VRAEM en el 2021. Ocurre ahora en Huancavelica.
No se trata de afirmar una conspiración sin pruebas, sino de reconocer una recurrencia funcional. El miedo tiene un uso político. Reordena prioridades, desplaza debates, genera cohesión en torno a discursos de mano dura. Y en ese proceso, las víctimas pueden convertirse en piezas de una narrativa mayor.
La pregunta entonces no es si existe o no un cálculo explícito detrás de cada hecho, sino cuánto contribuyen estos eventos a consolidar un clima político donde el miedo se traduce en votos.
La justicia que se diluye
Después de la muerte, llega el proceso. Detenciones, investigaciones, declaraciones oficiales. Y luego, casi inevitablemente, la dilución. La liberación de los implicados. La falta de certezas. El caso que empieza a desaparecer del radar mediático.
La justicia en el Perú a veces es ciega; otras, selectiva. Y esa selectividad se hace más evidente cuando las víctimas provienen de los márgenes. La indignación no se sostiene, la presión disminuye, el olvido avanza.
Por eso resulta urgente insistir: no puede haber jerarquías en el dolor. No puede haber casos que importan y casos que se archivan en la indiferencia. Porque cuando la justicia depende del lugar de origen de las víctimas, deja de ser justicia.
El papel del espectador
Hay una dimensión que rara vez se aborda: la responsabilidad de quienes observan. De quienes leen la noticia, ven las imágenes, sienten una indignación momentánea y luego continúan con su rutina. De quienes, consciente o inconscientemente, establecen una distancia entre esas vidas y la propia.
Esa distancia es el terreno donde prospera la indiferencia. Y la indiferencia es el mejor aliado de la impunidad. Mientras esas muertes sigan siendo percibidas como ajenas, como parte de un Perú que no interpela directamente, será más fácil que se repitan. Porque lo que no duele, no cambia.
La pregunta inevitable
Huancavelica no solo exige investigación. Exige memoria: que esos cinco jóvenes no se conviertan en una cifra más, en un episodio que se disuelve con el tiempo.Exige que el país se confronte con sus propias jerarquías, con sus propias tolerancias.
No se trata de discutir versiones, sino de establecer límites. De afirmar que ninguna vida puede ser sacrificada en nombre de la seguridad sin una rendición de cuentas clara. De reconocer que el valor de una persona no puede depender de su lugar de origen.
Sobre todo, exige que dejemos de hacer la pregunta equivocada.
No es si eran o no eran narcotraficantes.
No es si hubo o no hubo enfrentamiento.
No es si el operativo estaba o no justificado.
La pregunta es otra: ¿cuánto vale una vida en el Perú?
Y la respuesta, si somos honestos, sigue dependiendo de dónde haya nacido esa vida.
Steve Privat Pérez
Coordinador del Proyecto
«Agroecología para una buena vida» – APTES
(Fotografía de Jhovana Mendoza – Ojo Público)