[ARTÍCULO] Derrames de petróleo: A propósito de Ventanilla, tan lejos y tan cerca de la Amazonía

por Ismael Vega, investigador del CAAAP

Para las comunidades de la Amazonía Peruana, los ríos son seres vivos, constituyen un elemento fundamental de su cosmovisión y tienen una importancia muy alta en su alimentación y su salud. Sin embargo, los constantes derrames de petróleo los han contaminado haciendo que los peces, tan importantes en su dieta también estén contaminados con metales pesados. Por lo tanto, estas sustancias tóxicas también están en el organismo de la gente, ocasionando diversas enfermedades y graves impactos en su salud. La legítima y justa indignación ciudadana frente al desastre ecológico ha sido producido por el derrame de petróleo en las aguas del mar de Ventanilla, ubicado en Lima, muestra la vigente lejanía que caracteriza el imaginario occidental de la Amazonía. Cuando esto sucede lejos de la capital, el ecocidio y la contaminación del agua no nos indigna tanto. Pero, sobre todo constatamos que el Estado, pese a que han pasado décadas, no ha sido capaz de implementar un plan de atención integral para los pueblos indígenas de la Amazonía impactados por los derrames petroleros en sus ríos y territorios.

Según información oficial del OEFA y OSINERGMIN, recogida por el Grupo de Trabajo sobre Derrames Petroleros de la CNDDHH, en los últimos 20 años se han producido cerca de 500 derrames petroleros en la Amazonía. Estas mismas instituciones señalan que el 65.4% de estos derrames se han producido como consecuencia de la corrosión de los ductos por donde se transporta el petróleo y de fallas operativas; en tanto solo el 28.8% de los derrames ha sido producto por terceros. Solo representan un 28.8%. Solo en los lotes 192 y 8 ubicados en Loreto, habitados por pueblos Achuar, Kukama, Quechua entre otros, se han producido 276 derrames de petróleo.

Sin embargo, a pesar de este grave escenario marcado por derrames de petróleo y contaminación en la Amazonía, agravado por el contexto de la pandemia del COVID-19, las actividades extractivas realizadas por las empresas como REPSOL, PLUSPETROL, Frontera Energy etc. en alianza con el Estado no se han detenido en ningún momento. Estas actividades continuaron al amparo de un marco jurídico favorable para la inversión privada y desfavorable para los pueblos amazónicos. Asimismo, los derrames petroleros han seguido produciéndose y la incapacidad del Estado para remediarlos y poner en marcha medidas eficaces para proteger la vida y los derechos de los pueblos impactados se mantiene intacta.
Los derrames de petróleo impactan gravemente los derechos de los pueblos amazónicos, especialmente su derecho al territorio, y generan pasivos ambientales que ponen en peligro su vida. Es urgente que el Estado pase de los acuerdos, que siempre se establecen luego de la legitima protesta de las organizaciones indígenas, a su cumplimiento mediante medidas inmediatas, como las que se proponen desde la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos (remediación, reparación, indemnización, atención de afectados etc.), y políticas sociales como las que proponen las organizaciones indígenas nacionales (Gobernanza territorial, autonomía, participación política, transición energética, salud y educación intercultural) que sean el resultado de procesos de participación y consulta a los pueblos indígenas, que contribuyan a cambiar la historia de despojo de sus territorios aún vigente en el Perú. Retomar la discusión y aprobación del Acuerdo de Escazú, resulta impostergable.

La contaminación del mar de Ventanilla en Lima, también debe ayudarnos a entender que los centenares de derrames de petróleo que han contaminado los ríos de la Amazonía dañan gravemente nuestra Casa Común y por lo tanto afectan la vida de todos y todas, especialmente de los más vulnerables como los pueblos indígenas amazónicos, ahora doblemente afectados por el impacto de los derrames petroleros y la pandemia del COVID-19.

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