Por Steve Warren Privat-Pérez
Lima, julio de 2025. La historia recordará este momento con vergüenza. En una sala iluminada artificialmente, llena de discursos prefabricados y de silencios cómplices, un grupo de congresistas pulsó botones que no solo activaban un sistema de votación electrónica, sino que enterraban décadas de lucha, silenciaban miles de gritos, pisoteaban el dolor acumulado de generaciones y consagraban la impunidad como política de Estado. No fue una simple votación: fue una ejecución pública de la justicia.
El Congreso de la República ha aprobado una ley que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú implicados en crímenes durante el conflicto armado interno. Bajo el ropaje de la reconciliación, se ha consumado un acto de traición a la memoria nacional. Han llamado a esto un acto de “justicia histórica”, como si la historia pudiera ser modificada por decreto. Como si los cadáveres que aún yacen en fosas comunes pudieran ser convencidos de que murieron por error. Como si las madres que siguen esperando a sus hijos pudieran ser persuadidas de que el olvido es una forma de sanación.
No lo es. El olvido impuesto es una forma de tortura. Y eso es lo que el Congreso ha hecho: ha torturado nuevamente a las víctimas, ha revictimizado a los sobrevivientes, ha condenado al país a una memoria truncada.
Para entender la gravedad de esta ley, basta pensar en sus efectos. No se trata de una medida técnica o de una reforma legal inocente. Esta amnistía significa que quienes ejecutaron, torturaron, violaron, desaparecieron o asesinaron en nombre del Estado pueden caminar libres, sin rendir cuentas, sin juicio, sin siquiera el acto mínimo de reconocer el daño cometido.
No se trata de conceder clemencia a soldados rasos confundidos en medio del horror. Esta ley beneficia también a oficiales que planificaron operaciones de exterminio, a generales que firmaron órdenes de aniquilación, a funcionarios que blindaron con papeleo la maquinaria de la muerte. Hombres que no fueron meros ejecutores, sino diseñadores del terror. Amnistiar a estos individuos no es una decisión jurídica: es una declaración política. Es el Estado diciendo, sin tapujos, que la vida de los campesinos quechuahablantes, de las mujeres violadas, de los niños torturados, no vale nada.
Porque la mayoría de las víctimas no vivían en Lima ni hablaban castellano. La mayoría eran indígenas pobres, habitantes de las alturas ayacuchanas, de las quebradas huancavelicanas, de los márgenes del país. Cuando el Estado asesinó, no lo hizo con precisión quirúrgica, no lo hizo en defensa propia, no lo hizo de forma excepcional. Lo hizo sistemáticamente, con saña, con impunidad previa, con desprecio racial. Y ahora, esa impunidad ha sido legitimada por ley.
Esta ley no solo borra expedientes judiciales. Borra los testimonios. Borra los rostros. Borra la verdad. Es, en ese sentido, una segunda muerte. La muerte de la posibilidad de justicia. La muerte de la esperanza de reparación.
El discurso con el que se ha defendido esta ley es tan cínico como insultante. Se ha dicho que se trata de una “reivindicación” de quienes “salvaron la patria del terrorismo”. Pero ¿qué patria salva a unos matando a otros? ¿Qué salvación es esa que deja más de 69 mil muertos, la mayoría civiles, muchos de ellos asesinados por el propio Estado?
Hablan de “pacificación” como si el silencio fuera paz. Como si enterrar los crímenes fuera una forma de sanar. Pero el silencio que se impone desde el poder es solo una pausa en la violencia. La verdadera paz no se decreta: se construye con verdad, con justicia, con memoria. Sin esos pilares, todo lo demás es hipocresía institucional.
Se ha repetido hasta el cansancio que los militares “cumplían órdenes”, como si la obediencia fuera excusa para la barbarie. Como si la cadena de mando disolviera la responsabilidad moral. Pero la historia no absuelve al verdugo porque “solo obedecía”. La historia señala, juzga, recuerda.
El Congreso ha querido manipular el lenguaje, ha intentado pintar con tonos patrióticos lo que es, en esencia, una concesión vergonzosa al olvido. Llaman “amnistía” a lo que es impunidad. Llaman “reparación” a lo que es encubrimiento. Llaman “deuda histórica” a lo que es negación de la verdad.
Durante la votación de la ley, ningún congresista mencionó a las víctimas por su nombre. Ninguno recordó a las niñas violadas en Manta, a los estudiantes de La Cantuta enterrados en fosas clandestinas, a los campesinos de Accomarca acribillados sin piedad. Ninguno nombró a las madres que caminaron décadas con fotos colgadas al pecho, mendigando justicia. Ninguno hizo el esfuerzo de humanizar a quienes fueron deshumanizados por las balas del Estado.
Y ese silencio es el más elocuente. Porque las víctimas son incómodas. Porque sus historias contradicen el relato oficial. Porque sus cuerpos mutilados estropean la narrativa heroica que quieren imponer. Porque su persistencia es, en sí misma, un acto de resistencia.
Pero esas víctimas existen. Están allí. En los cementerios sin nombre. En las huellas del barro andino. En los archivos de la verdad. En las memorias familiares. Y también en la rabia contenida que se acumula como dinamita en el corazón de las comunidades.
No es solo el Congreso el que ha fallado. Esta ley no podría haberse aprobado sin la complicidad del Estado en su conjunto. Sin fiscales que han retardado procesos. Sin jueces que han archivado denuncias. Sin presidentes que han mirado hacia otro lado. Sin medios que han preferido hablar de la “heroicidad” militar antes que de la sangre inocente derramada.
Se ha tejido una red de impunidad durante décadas. Una impunidad estructural, profunda, vergonzosa. Y ahora, con esta ley, esa red se ha convertido en norma. La excepción se ha vuelto regla. El crimen se ha legalizado.
Y no nos engañemos: esta ley no busca “cerrar heridas”. Busca blindar a sectores del poder que temen ser juzgados. Busca proteger a los que hoy aún tienen influencia en los cuarteles, en los partidos políticos, en las empresas de seguridad. Busca garantizar que la historia oficial siga siendo escrita por los vencedores.
Hablar de reconciliación en este contexto es un insulto. No se puede reconciliar una nación partiendo de la impunidad. No se puede exigir a las víctimas que abracen a sus verdugos sin verdad, sin reconocimiento, sin castigo.
La reconciliación exige gestos valientes. Exige decir la verdad completa. Exige justicia reparadora. Exige asumir responsabilidades. Esta ley hace todo lo contrario: revictimiza, niega, protege a los culpables y abandona a quienes han esperado justicia por más de 40 años.
Se ha dicho que “ya ha pasado mucho tiempo”, que hay que “dar vuelta a la página”. Pero ¿quién puede pasar página si el libro sigue abierto en la herida? ¿Quién puede mirar al futuro si el pasado sigue dictando impunidad?
La paz sin justicia es una farsa. La reconciliación sin memoria es una hipocresía. Y el perdón impuesto desde el poder es una forma sofisticada de violencia.
Hoy, Perú no solo enfrenta una crisis política. Enfrenta una disputa por su propia alma. ¿Qué país queremos ser? ¿Uno que protege a los asesinos o uno que acompaña a las víctimas? ¿Uno que legisla para la impunidad o uno que construye justicia desde abajo? ¿Uno que se tapa los ojos o uno que se atreve a mirar su historia con coraje?
Este Congreso ha elegido el camino de la cobardía. Ha preferido el aplauso de los sectores castrenses antes que el clamor de las víctimas. Ha legislado desde la comodidad del privilegio, sin escuchar a los que lloran en silencio desde hace décadas.
Pero la memoria no se puede borrar con una ley. No se puede decretar el olvido. Porque la memoria vive en los cuerpos. En los relatos. En los rituales. En los cantos. En las piedras de las quebradas donde fueron asesinados. En las fotos en blanco y negro que cargan las abuelas. En los sueños interrumpidos de los hijos desaparecidos.
La memoria es insumisa. Por eso incomoda. Por eso la quieren silenciar. Por eso la atacan. Pero la memoria es también una trinchera. Una forma de resistencia. Y eso es lo que hoy se activa en Perú: una nueva resistencia contra el olvido, contra la amnesia planificada desde el Congreso, contra la normalización del crimen.
Porque las comunidades no olvidan. Porque los huesos que faltan aún exigen ser encontrados. Porque la justicia postergada no es justicia, pero tampoco ha sido derrotada. Porque hay otro país. Uno que marcha con las fotos de los desaparecidos. Uno que canta en quechua canciones de duelo y resistencia. Uno que siembra justicia en cada palabra, en cada protesta, en cada archivo abierto. Ese país no ha sido derrotado. Ese país sigue vivo. Y es ese el país que se niega a aceptar la impunidad como destino.
Por ello, podrán aprobar todas las leyes que quieran. Podrán votar a mano alzada, a puerta cerrada o con discursos rimbombantes. Podrán felicitarse entre ellos, abrazarse, fingir que han hecho algo noble. Pero la historia los juzgará. Y los juzgará con dureza.
Porque la historia no olvida a los que protegieron el crimen. La historia no perdona a los que enterraron la justicia. La historia no calla frente a la impunidad. La historia, al final, siempre recupera la voz de los que fueron silenciados.
Este Congreso pasará a la historia, sí. Pero no como salvadores de la patria. No como legisladores ejemplares. Pasarán como lo que son: cómplices de la impunidad, arquitectos del olvido, verdugos de la memoria.