El Perú no amaneció en crisis de un día para otro. No fue un rayo en cielo despejado, sino una erosión lenta y constante, casi imperceptible al inicio. En menos de diez años, ocho presidentes han pasado por Palacio de Gobierno. Cada uno llegó prometiendo estabilidad; casi todos se fueron dejando más incertidumbre que certezas.
Tras la caída de Pedro Pablo Kuczynski, acorralado por la corrupción, se consolidó la lógica del derribo. Martín Vizcarra enfrentó a un Congreso más ocupado en sobrevivir que en legislar. Disolvió el Parlamento y, tiempo después, el Parlamento lo vacó. La “incapacidad moral permanente” dejó de ser una cláusula excepcional para convertirse en un arma política recurrente.
Luego vino el absurdo institucional. Manuel Merino asumió sin legitimidad social y cayó en cuestión de días tras protestas que dejaron muertos. Francisco Sagasti intentó cerrar la hemorragia, pero apenas logró administrar la transición. Después llegó Pedro Castillo, expresión de un país excluido que exigía representación, pero también reflejo de la precariedad política: sin estructura partidaria sólida, sin cuadros técnicos estables, atrapado entre improvisación y sospechas. Lo sucedió Dina Boluarte, cuya gestión quedó marcada por protestas, muertos y una fractura territorial evidente.
Después vino la breve presidencia de José Jerí, con una salida acelerada del poder. Su paso por Palacio fue apenas otro episodio en la cadena de transiciones forzadas. Y ayer, nuevamente, otro nombre asumió el cargo: José Balcázar Zelada. Otro discurso, lleno de absurdos sobre la historia nacional. Otra fotografía oficial. En el Perú la excepcionalidad ya no es la caída de un presidente; es que logre sostenerse.
Un sistema que fabrica su propia fragilidad
La crisis no es solo de nombres, es de diseño institucional y cultura política, es una democracia convertida en campo de batalla permanente donde el Ejecutivo gobierna a la defensiva y el Congreso opera como fuerza de demolición, donde los partidos son vehículos electorales sin vida orgánica real y la corrupción ya “no escandaliza” porque dejó de ser excepción.
La fragmentación parlamentaria impide mayorías estables. La figura de la vacancia, ambigua y expansiva, funciona como amenaza constante. El cálculo político inmediato sustituye cualquier proyecto nacional. No hay horizonte compartido; hay supervivencia individual.
El resultado es un Estado paralizado y una ciudadanía que observa, entre la rabia y el desencanto, cómo la política deja de percibirse como herramienta de transformación y se convierte en un espectáculo de disputa permanente. Se mantienen las formas democráticas, pero se vacía su contenido: hay juramentos y discursos, pero falta conducción y horizonte común. Y cuando la gente siente que nadie gobierna para resolver, sino solo para resistir, la confianza en el sistema comienza a erosionarse peligrosamente.
La peligrosa comodidad de buscar un solo culpable
En medio de este deterioro ha surgido una narrativa cómoda: responsabilizar exclusivamente a quienes votaron por Pedro Castillo de la tragedia nacional, como si la crisis hubiese nacido en 2021 y antes todo hubiera funcionado con normalidad institucional; como si los escándalos de corrupción, las vacancias y el obstruccionismo no precedieran a esa elección. Hay que decirlo con crudeza: esa simplificación es parte del problema.
Reducir una crisis estructural al voto de millones de ciudadanos no solo es intelectualmente pobre, es políticamente irresponsable. Culpar al elector evita revisar el sistema, permite que las élites políticas eludan su propia responsabilidad, alimenta la polarización y convierte la democracia en un ejercicio de revancha moral.
No se trata de exonerar errores, se trata de entender que el deterioro viene de más atrás y atraviesa gobiernos de distintas tendencias. Antes de Castillo ya había presidentes investigados, congresos confrontacionales y mecanismos constitucionales usados estratégicamente. El problema no es un voto aislado, es un sistema que incentiva la confrontación permanente.
El nuevo presidente ante una democracia fatigada
El nuevo mandatario hereda algo más que un cargo: hereda una democracia exhausta, un país que ya no confía en sus instituciones, una ciudadanía que ha aprendido que la estabilidad es provisional y que cualquier gobierno puede caer mañana.
Pero en este caso, además, la crisis no es solo institucional: es profundamente ética. El nombre de José Balcázar no llega limpio al debate público. Sobre él pesan cuestionamientos graves que no pueden ignorarse en un país que dice aspirar a reconstruir su legitimidad democrática.
Ha sido expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque el 2024, registra denuncias por la presunta apropiación de fondos del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) en 2023, fue sentenciado a pagar 50 mil soles a un abogado por difamación en 2025. Quizá lo más alarmante que cualquier expediente: sostuvo públicamente que las relaciones sexuales tempranas “ayudan a la salud psicológica de la mujer” y que el matrimonio forzado entre adolescentes era una “tradición” en zonas rurales que no debía ser criminalizada; declaraciones que le valieron una sanción en el Congreso durante el 2023.
En cualquier democracia sólida, este historial habría provocado un debate nacional inmediato sobre idoneidad moral y política. En el Perú actual, en cambio, apenas se suma al ruido. La gravedad de las acusaciones se diluye en un ecosistema político donde la controversia permanente ha anestesiado la indignación.
La pregunta ya no es únicamente si este presidente durará más que los anteriores, la pregunta es si el Perú puede romper el ciclo que ha normalizado la inestabilidad y la precariedad ética como forma de gobierno. Porque cuando la crisis política se combina con la crisis moral, la democracia no solo se desgasta: se vacía.
Entre la repetición y la reforma
El Perú no está condenado, pero sí está advertido. Cambiar presidentes sin cambiar las reglas solo prolongará la agonía institucional. Sin reforma del sistema de partidos, sin límites claros al uso político de la vacancia, sin responsabilidad real de los actores públicos, la rotación continuará.
La crisis no es de un hombre ni de un electorado, es de una República que lleva demasiado tiempo administrando su propia fragilidad. Y mientras la respuesta siga siendo buscar culpables simples para problemas complejos, el país seguirá descendiendo por la incapacidad de asumir que el problema es más profundo que cualquier nombre en la papeleta.
El desafío no es solo económico o social, es existencial para el sistema político. ¿Cómo reconstruir legitimidad cuando el punto de partida está rodeado de cuestionamientos? ¿Cómo exigir confianza ciudadana cuando la autoridad moral es frágil? Necesita diálogo donde hay trincheras. Necesita reformas donde hay parches. Pero, sobre todo, necesita demostrar que el poder no es refugio frente a la responsabilidad pública.