Radiografía de la precariedad y desigualdad

Por Enrique Fernández-Maldonado, responsable del Programa de Empresas y Derechos Humanos de Perú EQUIDAD

A propósito del Día del Trabajador, resulta pertinente analizar cuál es la situación del empleo en el país, en un escenario de débil crecimiento económico, aumento de la inseguridad y degradación de la representación política nacional.

Informalidad. Existe consenso en considerarla como la principal característica (y problema) del mercado laboral peruano, en tanto sinónimo de precariedad. Pero, aun así, para el sector público ni el privado parece ser una prioridad por resolver. Los últimos veinte años se ha insistido en replicar formulas orientadas a reducir derechos y beneficios sociales, para incentivar la inversión, primero, y luego favorecer la formalización, pero con resultados bastante modestos[1].

La informalidad laboral y el empleo informal suponen no solo la ausencia de contrato de trabajo; implican sobre todo la carencia de derechos laborales y seguridad social para los trabajadores y sus familias. Condiciones imprescindibles para progresar y vivir con dignidad. Cuatro de cada diez trabajadores asalariados no tienen vínculo laboral formal y están desprotegidos. Y en el caso de los trabajadores autónomos, la proporción adquiere ribetes dramáticos: nueve de cada diez no cuentan con seguridad ni protección social. Terminan dependiendo de una desguarnecida salud pública y de su buena suerte.

Inestabilidad. Contrariamente a lo que piensan algunos, los efectos económicos y emocionales de un despido (o de una alta rotación laboral) están lejos de ser “desafiantes” o “retadores” para el trabajador afectado. Por eso el derecho laboral consideró necesario establecer mecanismos de protección frente al cese arbitrario o injustificado. Pero en el Perú el libre despido está legalizado, convirtiéndose en otro rasgo estructural de nuestra extendida precariedad laboral.

A esto se suma la institucionalización de la tercerización e intermediación laboral. Sectores donde casi la totalidad de trabajadores tienen contratos a plazo fijo. El uso de ambos mecanismos se ha expandido rápidamente y sin mayor control gubernamental.

Derechos. Con una mayoría laboral al margen de la formalidad, la posibilidad de ejercerlos se debilita profundamente. El concepto mismo está camino a convertirse en una entelequia. La tasa de sindicalización promedio a nivel nacional es de 8%, pero baja a un 5% en el sector privado. Esto significa que apenas 5 de cada 100 trabajadores de empresas privadas están facultados para negociar con sus empleadores; el resto depende de la discrecionalidad de quien lo contrata y del “valor de mercado” de sus competencias y experiencia de trabajo.   

Desigualdades. La conjunción de estas características y tendencias incide sobre la distribución/concentración de los ingresos. Si bien durante el crecimiento económico 2002-2014 el Gini registró un leve repunte, en términos agregados la participación de las remuneraciones en el PBI pasó de ser 60% en los años ochenta, a representar menos del 30% en el presente siglo. ¿Qué pasó? Pues que se acentuó la concentración del “ingreso de explotación” (ganancias de capital), profundizando la desigualdad económica y social estructural.   

Pero las desigualdades son también de género. A pesar de los avances en las últimas décadas, la tasa de participación de los hombres (80%) es significativamente mayor que la de las mujeres (64%), mientras que la desocupación castiga más a las mujeres (5.7%) que a los hombres (3.8%). En ese orden de cosas, el ingreso laboral de los hombres resulta 30% superior –en promedio– al de sus pares mujeres.

Salidas. Hace falta consensuar una estrategia nacional para la generación de empleos productivos, asalariados y debidamente fiscalizados. Esta puede tomar la forma de un plan nacional de diversificación productiva consistente con las potencialidades geográficas y sociales del país. Poner énfasis en la promoción de la actividad manufacturera, agrícola y de servicios. Y en la importancia estratégica de vincular oferta educativa, innovación tecnológica y modernización organizacional. Fortalecer en simultáneo la autoridad administrativa y la justicia laboral para potenciar la capacidad reguladora y tutelar del Estado.

Homenaje. A todos los trabajadores peruanos y peruanas que se rompen el lomo para asegurar el sustento de sus familias. Y a los que se organizan para defender y exigir sus derechos. A pesar del abandono de un Estado indolente (y de un modelo económico y laboral) que los condena a depender únicamente de su esfuerzo; sin oportunidades, seguridad ni protección social garantizadas plena y universalmente.  


[1] Cuadros, F., Sánchez, C., Vidal, A. Flexibilidad laboral en el Perú y reforma de la protección social asociadas: un Balance tras veinte años. Serie Políticas Sociales, CEPAL, 2012.

*Este texto, ampliado, también fue publicado el 29 de abril en la web del diario La República.

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