Por Cecilia Tovar, filósofa y miembro del Instituto Bartolomé de Las Casas
La memoria construye nuestra identidad, nos permite aprender de la historia y proyectarnos al futuro con coherencia y creatividad. Por eso es importante recoger y trasmitir el papel de la Iglesia durante los años de la violencia política que sacudió el Perú de 1980 al 2000.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación dice que “la Iglesia Católica desempeñó un importante papel de acompañamiento y protección de los peruanos golpeados por la violencia que ejercieron las organizaciones subversivas y las fuerzas de seguridad del Estado. En numerosas regiones del país fue una voz de denuncia de los crímenes y las violaciones de los derechos humanos, y proclamó y defendió el valor de la vida y la dignidad de la persona” ([1]).
Es conocido que la respuesta de la Iglesia ante el conflicto armado no fue igual en todas las regiones del país. La CVR señala que “La mayoría de los obispos, sacerdotes y religiosas, así como multitud de laicos y laicas, constituyeron una fuerza moral y una fuente de esperanza. Sin embargo, se ha constatado que en ciertos lugares algunas autoridades eclesiásticas mantuvieron un deplorable silencio sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden”, como sucedió lamentablemente en Ayacucho y otros sitios.
En efecto, el compromiso eclesial con la defensa de la vida y de los derechos humanos, especialmente de la población más pobre, durante el Conflicto Armado Interno, es fruto de una larga experiencia de opción por los pobres, que resulta de un intenso proceso de renovación que se da en la Iglesia del Perú desde mediados del siglo XX, con el Concilio Vaticano II y las Conferencias Episcopales de Medellín (1968) y Puebla (1979). Algunos sectores eclesiales acogieron esta renovación y otros no lo hicieron, hasta hoy.
Se pueden subrayar los siguientes rasgos de la acción de la Iglesia renovada en esos tiempos violentos:
1) Los agentes pastorales permanecieron en sus regiones durante los peores momentos de la violencia, acompañando a los sectores más pobres y, en muchos casos, atendiendo a sus necesidades cuando los agentes del Estado habían dejado el lugar.
2) Se creó o animó instituciones de defensa de la vida como los CODEHs (Comités de Derechos Humanos, en Huacho, Sicuani y Puno), las Vicarías de la Solidaridad o similares, como las del Sur Andino, Pucallpa y Huancayo, que denunciaron los atropellos, hicieron seguimiento de los casos y atendieron a las víctimas.
3) Las comunidades eclesiales apoyaron a las organizaciones populares locales amenazadas por los grupos subversivos o por las acciones represivas de las fuerzas del orden. Los líderes sociales eran asesinados por Sendero Luminoso o eran detenidos, desaparecidos o asesinados por las fuerzas del orden, que muchas veces confundían lucha por la justicia con terrorismo, lo que lamentablemente sucede hasta hoy.
4) Las iglesias desplegaron acciones públicas como marchas, jornadas, foros, eventos culturales, misas, rechazando la violencia y la violación de los derechos humanos, solidarizándose con las víctimas, reclamando la paz y planteando soluciones. La gran marcha de solidaridad con dos dirigentes asesinados por Sendero en San Juan de Lurigancho en Lima marcó un hito. El Foro Puno Quiere la Paz contribuyó ciertamente a evitar que la región se convirtiera en un segundo Ayacucho, uniendo esfuerzos de muchos sectores e instituciones.
5) Se emitió numerosos comunicados o cartas pastorales que analizaban y planteaban respuestas a los hechos de violencia, constituyendo muchas veces la única voz pública en esos momentos y que orientaba a la población.
6) Las comunidades cristianas constituyeron espacios donde las personas podían encontrarse en un clima de confianza que era escaso en otras partes, y recuperar fuerzas para continuar caminando en medio de una situación límite.
Como consecuencia, hubo un rasgo martirial: se produce el asesinato de varios sacerdotes y religiosas, como los padres Michel Tomaszek, Zbigniev Strzalkowski y Alessandro Dordi en Ancash, las hermanas Agustina Rivas e Irene Mac Cormack y el laico Jorge Cerrón en Junín. En todos estos rasgos subyace la convicción de que la fe no puede divorciarse de la vida, y de que, por lo tanto, la defensa de la vida y de los derechos humanos no es algo ajeno a la tarea de la Iglesia.
[1] CVR, Tomo III: 379. El Informe entregado el 28 de agosto de 2003 consigna los principales hechos de violencia que afectaron a la Iglesia, así como sus acciones y declaraciones en esos tiempos difíciles. Ver también: Cecilia Tovar y otros: Ser Iglesia en tiempos de violencia, Lima, CEP-IBC, 2006, que estudia los casos de Pucallpa, el Sur Andino, Huacho, Huancayo, San Juan de Lurigancho y la Coordinadora de Dignidad Humana de CEAS.
