Por Cécile Blouin, investigadora PUCP y especialista en temas de migración, protección internacional y trata de personas
En el último mes, la frontera Perú-Chile se ha vuelto el símbolo de las luchas migrantes para el movimiento. Centenares de personas migrantes se encuentran varadas entre ambos países debido a las políticas migratorias hostiles de los países en cuestión. La mayoría de estas personas son venezolanas, pero también colombianas y haitianas que buscan salir de Chile debido al costo de vida, la discriminación, las condiciones laborales, entre otros motivos.
Ellas buscan retornar a Venezuela o emprender una nueva migración. Estas movilidades de retorno y de re-migración en búsquedas de nuevos destinos más propicios al desarrollo de una vida digna responde, por un lado, a la precarización y a la xenofobia que enfrenta la población migrante en numerosos territorios y, por otro lado, a las políticas migratorias de irregularización en países como Chile y Perú.
Esta situación ilustra las políticas mortíferas de contención migratoria que vive la región. Con la negación del libre tránsito, la imposibilidad de solicitar el asilo, las numerosas barreras para el ingreso mediante mecanismos policiales de detención y rechazos en frontera, los países de la región están cada vez más propiciando movilidades inseguras y situaciones de “emergencia humanitaria”.
Asimismo, los impedimentos a la movilidad generan situación de espera con gran incertidumbre para las personas migrantes. Como ya pudimos verlo durante la pandemia, ni siquiera el retorno es posible y facilitado. La movilidad de migrantes precarizados es vista como algo anormal y sancionable.
El nivel de violencia desplegada en contra de la población migrante por parte de ambos Estados es impresionante. Perú ha decidido proclamar el Estado de Emergencia y militarizar su frontera. Estas medidas se acompañaron de discursos anti-migrantes por parte de la presidenta del país, buscando ganarse la opinión pública de forme repudiable. La militarización como respuesta a las movilidades no deseadas es usual en el mundo y en la región. Lo vimos durante la pandemia en la frontera con Ecuador y cuando se impidió la llegada de personas haitianas que buscaban ingresar mediante la frontera con Brasil.
Con estos ejemplos, vemos que no estamos viviendo nada nuevo y, por ello, debemos tener cuidado en calificar esta situación como crisis. La crisis implica algo imprevisto e inédito que requiere medidas urgentes. Estas llamadas crisis migratorias parecen algo permanente. Si los mismos Estados no garantizan el derecho a la libre circulación, el derecho al asilo e irregularizan migrantes, ¿la supuesta crisis acaso no es creada por los mismos Estados? Asimismo, debemos cuestionar para quién es la crisis. Las personas migrantes sí enfrentan una situación de precariedad ya que deben quedarse en una zona fronteriza poco amigable y con ningún acceso a derechos básicos.
Finalmente, es importante reflexionar sobre el sentido de estas movilidades grupales en zonas claves como los puntos fronterizos. El hecho de que las personas migrantes se organizan en grupo para llegar a la frontera y buscar soluciones frente a las políticas de hostilidad dirigidas en su contra muestra una forma de resistencia.
Al igual que los y las migrantes venezolanos y venezolanas que conocí en Tumbes en 2019 y que me afirmaban que aunque fueron devueltos a Ecuador, volverían a entrar a Perú, vemos que este grupo se obstina en seguir sus trayectorias aunque el costo desplegado sea muy alto. A pesar de tratarlos como criminales, expulsarlos, rechazarlos y acusarlos de todos los males de nuestras sociedades, las personas migrantes nos demuestran que seguirán para adelante. ¿Podríamos intentar entonces ofrecerles otra cosa que no sea el cierre de fronteras y de las sociedades en general?
