Por Dionel Martínez Castillo, bachiller en Geografía de la UNMSM
En el Perú vivimos un desastre tras otro y de varios tipos. A inicios de marzo mientras aún no habíamos terminado de procesar el desastre causado por la violación de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden, que ha dejado cerca de 50 víctimas mortales (Human Rights Watch, 26 de abril de 2023), principalmente en los departamentos del sur andino del país, desde el norte, se encendían las alarmas por la ocurrencia de un ciclón, sumamente inusual que empezaba a producir lluvias torrenciales.
Yaku, como se le ha llamado al ciclón, causó rápidamente interrupciones severas al normal funcionamiento de varios centros poblados, incluido algunos distritos de Lima; aunque los más golpeados han sido aquellos ubicados en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Incluso los dos primeros departamentos siguen hasta ahora en alto riesgo de desastre por la continuidad de las precipitaciones posiblemente ligadas al fenómeno de El Niño costero.
La ocurrencia de El Niño se conoce desde hace varias décadas, si es que no desde hace varios siglos, es decir es un fenómeno natural que suele darse por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del mar que están al frente de la costa norte del país y causan precipitaciones. En cierta forma este fenómeno es predecible y no debería causar desastres, sin embargo, debido al cambio climático generado por los grandes emisores (humanos) de carbono a la atmósfera, El Niño se ha hecho muy difícil de predecir y su frecuencia se ha aumentado. Y, si a eso le sumamos los procesos de ocupación desordenada del territorio, es decir población, infraestructuras y actividades económicas asentadas en las riberas de los ríos, en los cauces de las quebradas y otras zonas con exposición a múltiples amenazas, que tienen, además, un conjunto de vulnerabilidades, el desastre lo tenemos asegurado.
Lo razonable, cuando ocurre un desastre, es que quienes dirigen los gobiernos, la población afectada y la sociedad en general, aprendan de la catástrofe, se preparen y se vuelvan una comunidad resiliente a los fenómenos adversos. Sin embargo, en el Perú, pareciera que hemos perdido la capacidad de aprender de los desastres anteriores. Por si no lo recuerdan, hemos sufrido Niños desastrosos entre los años 1982-1983, 1997-1998 (SENAMHI, 2014) y en el 2017, pero el aprendizaje de estos procesos parece nulo. Ahora mismo, en menos de siete años estamos lamentado otra vez el desastre ocasionado por un periodo de lluvias abundantes. Nos preguntamos entonces ¿en qué estamos fallando?
Solo como apéndice, debemos recordar que, con la conquista y la colonia, se dio un quiebre estructural, donde perdimos gran parte de nuestra capacidad de gestión del territorio, y con ello, la gestión de riesgos de desastres que habíamos adquirido durante cientos de años. Ahora bien, el problema que tenemos es la persistencia histórica de las vulnerabilidades de los grupos sociales, y, en lo que estamos fallando como Estado es en su atención integral para lograr su reducción. Las vulnerabilidades son crónicas en el Perú, es decir son el resultado de los problemas no atendidos del proceso de “desarrollo” actual (Lavell, 1996).
Por ejemplo, las condiciones de precariedad en que viven miles de ciudadanos en asentamientos humanos reflejan la ausencia de provisión de bienes públicos[1] como la vivienda social por parte del Estado. Al no otorgarse vivienda social, los grupos con menores recursos, es decir la población vulnerable, termina ocupando los cauces de las quebradas, las laderas de los cerros o las riberas inundables de los ríos que los vuelven más vulnerables aún a las múltiples amenazas a las que están expuestos.
Lamentablemente, no hay recetas mágicas para reducir las vulnerabilidades sociales y construir sociedades resilientes. No obstante, como ciudadanos sí tenemos posibilidades de aprender de los desastres. Así como los ríos y quebradas tienen memoria y reclaman sus cauces naturales, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer memoria sobre quienes nos gobiernan en tiempos de desastre. A través de nuestro voto, podemos castigar o premiar a los partidos y representantes políticos en función de su desempeño en la gestión de la crisis. No olvidemos que los alcaldes y gobernadores regionales, por ley, deben ejecutar acciones de reducción de las vulnerabilidades en el marco de la gestión de riesgos de desastres.
[1] La provisión de bienes públicos debería darse en el marco de la implementación de acciones de la política pública de ordenamiento territorial, sin embargo, ésta permanece inaplicada.
