Impunidad, desgobierno y ciudadanía

Por Alejandro Boyco, politólogo y analista del Observatorio Regional de 50+1

Estas primeras semanas del 2024 recordamos trágicos sucesos de nuestra historia reciente. Hace un año, decenas de peruanos y peruanas murieron a manos del Estado en Julia[1]ca, Ayacucho, Andahuaylas, Pichanaki, Cusco y otras ciudades del país, por un gobierno que prefi­rió asumirse en guerra antes de escuchar las demandas ciudadanas.

Estos eventos –y la ausencia de justicia para las víctimas– representan un hecho transversal al 2023. El sistema político ha terminado de privar a la ciudadanía de un atributo esencial de la democracia: la posibilidad de exigir una rendición de cuentas a aquellos que cargan el mandato de representarnos. El estallido social, de magnitudes no vistas en las últimas décadas, no logró que sus demandas sean siquiera escuchadas. La clase política en su conjunto optó por hacer oídos sordos ante una exigencia mayoritaria, el adelanto electoral, mientras la calle vio cómo su derecho a la protesta fue sistemáticamente violado.

La coalición autoritaria ha logrado servirse de esta impunidad institucionalizada con su­ficiente éxito. Para proteger su fugaz cuota de poder, diversos grupos políticos en el gobierno, en el Congreso y en la Fiscalía se blindan mutuamente a cambio de votos y bonos en el Legislativo, presupuesto y obras desde el Ejecutivo, y el avance de una agenda conservadora y anti-derechos, que incluyó la liberación de Alberto Fujimori. Esta agenda ha buscado intervenir en el sistema de justicia para destituir a magistrados de la Junta Nacional de Justicia y controlar las autoridades electorales, y aunque no han logrado cumplir la totalidad de sus objetivos (y la suspensión de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, representó un retroceso a sus intereses), voceros de estos grupos políticos insisten en continuar por este camino.

A pesar de los récords en desaprobación del gobierno y el parlamento, la presión ciudadana no ha logrado que esta coalición dé su brazo a torcer. Quizás esa misma desaprobación convence a las autoridades que no tienen espacio alguno para empeorar su imagen, fomentando un mayor distanciamiento con el electorado. Así, vivimos secuestrados por una clase política que considera enemigos a los ciudadanos del país.

A pesar de la incertidumbre, algunos escenarios parecen ser altamente probables en el futuro cercano. El Congreso no retrocederá fácilmente en aquello que ha conseguido: ser una institución poderosa y con pocos límites, que busca expandir su influencia a los espacios donde aún no lo logra (instituciones electorales y judiciales). Igualmente, aunque precario y frágil, todo sugiere que el pacto autoritario continuará sosteniendo al gobierno de Boluarte y Otárola, a pesar del pésimo trabajo realizado. Los resultados macro[1]económicos y la incapacidad para imple[1]mentar políticas públicas, especialmente en regiones que enfrentarán a El Niño, pueden terminar por alejar a los pocos aliados del régimen.

Por su lado, la ciudadanía ha demostrado estar cada vez más lejana de la –eterna– crisis política pero su indignación, desprecio y rechazo a la clase política se incrementan mientras sus crecientes necesidades continúan desatendidas por el Estado. La incógnita por resolver es cómo se verá la válvula de escape que libere toda esa presión acumulada.

Planteo por el momento tres escenarios preliminares de probabilidades aún inciertas. El rechazo puede canalizarse institucionalmente en el 2026, a través de un proceso electoral donde un outsider capitalice el descontento político, aunque hoy sea difícil imaginar un actor o narrativa que logre dichos consensos. También es posible que nuevos sucesos o una crisis económica reactiven la vía extrainstitucional, con un nuevo ciclo de manifestaciones y protestas. Por último, a falta de alternativas, dicha indignación se puede mantener latente y convivir en paralelo con los escándalos de las altas esferas políticas por más tiempo del previsto. Es decir, aunque cambien las autoridades, la crisis general podría continuar.

Un factor que di­ficulta la posibilidad de canalizar el descontento es la ausencia de líderes e instituciones representativas. La sociedad civil se encuentra en una situación crítica, atomizada y polarizada, mientras que los necesarios intentos por promover espacios de diálogo no logran conectar con las grandes mayorías ni trascender en el tiempo. Nuevas organizaciones y encuentros plurales entre instituciones, lamentablemente, carecen de esa amplia conexión social que les permitiría avanzar en sus objetivos. Sin embargo, existen consensos sobre las urgencias que tiene el país que pueden ser base para una eventual plataforma integradora. La seguridad ciudadana y la renovación política sin duda están entre dichas urgencias.

Si bien no es posible realizar predicciones, el 2024 ofrecerá una oportunidad para mostrar indicios de cómo el electorado puede hacer oír su voz. Este año se abre la posibilidad de impulsar revocatorias a las autoridades locales, muchas de ellas ampliamente desprestigiadas tras solo un año en el poder. Más allá de las consecuencias que este proceso tenga en cada circunscripción, puede ser el termómetro de la voluntad y capacidad ciudadana para actuar colectiva[1]mente y exigir que las autoridades rindan cuentas a quienes se deben. Ese es el primer paso para volver a construir la base sobre la cual debe sostenerse cualquier sistema democrático.

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