El desafío de las Elecciones Regionales

Por Eduardo Ballón Echegaray, antropólogo e investigador principal de DESCO

En unas semanas se realizará la elección regional y municipal en medio de una grave crisis que compromete al propio régimen político, incapaz para enfrentar el paulatino “desplome” de nuestras instituciones y la fragmentación de la sociedad. Crisis que encuentra parte de su explicación en la defensa interesada de un modelo económico agotado y en la resistencia a reformar el Estado como parte de un nuevo contrato social, elementos que se suman a nuestra larga historia de desigualdad, discriminación y exclusión.

Si bien la descentralización alentó cierta redistribución del poder político, se trata de una reforma trunca que, entre otras cosas, alimentó la débil conexión entre la política nacional, regional y local, agravando la situación más estructural de un sistema de representación pobre e incongruente. En los distintos territorios sufrimos los límites de ese sistema como resultado de un proceso de “doble entrada” a la competencia -partidos nacionales en crisis y deslegitimados, pero con inscripción, compitiendo con movimientos regionales y locales emergentes-, que una vez más se evidencia en los comicios por venir[1]. Al 3 de agosto, fecha del cierre de las inscripciones, 234 listas regionales y más de 10 mil listas municipales fueron inscritas con los aspirantes a los 13,032 cargos de autoridades regionales, provinciales y distritales que serán elegidos. A diferencia de procesos anteriores las listas de los partidos nacionales, 141, superan a las de los movimientos regionales, 93, aunque éstas tienen una presencia de candidatos más extendida en cada región.

El menú de pretendientes es otra manifestación de la crisis. 94 exparlamentarios y 14 exgobernadores que buscan retornar en la escala regional, 1338 exautoridades regionales y municipales que quieren cantar “todos vuelven” en los distintos territorios en la liza. Para peor, 1,403 de ellos con antecedentes judiciales, 627 en la esfera penal y 972 en la civil.  Los argumentos para el entusiasmo son limitados en un escenario en el que adicionalmente, como lo recuerda la Contraloría, el perjuicio económico por actos de corrupción, superó los 13 mil millones de soles el año pasado.

En este contexto, nuestra responsabilidad es grande. Elegir bien nuestras autoridades territoriales, exigir compromisos claros de los candidatos y construir desde ya mecanismos de control y vigilancia efectivos, es más urgente que nunca. Políticos y autoridades nacionales son incapaces de resolver la crisis que vivimos. Desde los territorios, con nuestras necesidades y agendas, podemos construir el camino distinto que exige el país y darle sentido nuevo a nuestra democracia.


[1] Zavaleta, Mauricio. (2014). Coaliciones de independientes. Las reglas no escritas de la política electoral. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

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