En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre los hechos ocurridos entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero del 2023, donde se afirma que el uso excesivo de la fuerza y la violencia cometida en Ayacucho y Juliaca podrían ser considerados casos de ejecuciones extrajudiciales y masacres (previa investigación). Recordar las muertes de nuestros compatriotas, pero también hacer memoria de la respuesta indiferente del gobierno, nos lleva a repensar en qué situación nos encontramos y qué hemos hecho desde entonces como país.
Nos encontramos en la era de “no tener derecho a tener derechos”, lo que para Hannah Arendt sería la Muerte Civil o lo que Gustavo Gutiérrez, el teólogo de la liberación, nombró como pobreza. Esto no solo se vive contra los migrantes venezolanos en el Perú y exclusivamente en las fronteras del país, sino contra los ciudadanos de diferentes latitudes del Perú que para el gobierno son de “segunda categoría” porque son de la “periferia”. La muerte civil o la violación de los derechos (especialmente los derechos humanos) se ha convertido en la nueva forma de pobreza normalizada.
No olvidemos tampoco que aún existen condiciones precarias y faltas de oportunidades que siguen obligando (limitando) a las y los ciudadanos a escoger entre lo que tienen o pueden hacer dentro de sus posibilidades para ayudar a unos o sobrevivir ellos mismos, mientras que otros viven de privilegios. Si durante la pandemia hemos elegido entre quién debía vivir y quién no; ahora, en medio de grandes brechas de desigualdad no afrontadas con seriedad en los seis primeros meses de Dina Boluarte y el trabajo cuestionable del Congreso, el principio de caridad deberá discernir nuevamente a quién ayudar y a quién dejar aún rezagado.
En países como el Perú, donde las enormes brechas de desigualdad bloquean las vidas de multitudes de personas, incluso optando por cambiar las “condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas” (Pablo VI), a su vez, debemos renunciar en hacernos cargo de varios grupos de personas desfavorecidas, generando aún más pobreza en la pobreza.
Otros problemas de igual o mayor envergadura como los feminicidios (65 muertes de mujeres en los cinco primeros meses del año, cifras mencionadas por la ministra de la Mujer el 29 de mayo), la crisis alimentaria que se ha agudizado en los últimos meses y que como consecuencia aumenta el hambre, el alto índice de violencia y el no respeto por la vida, o la criminalización de líderes indígenas y sociales de las periferias que se muestran en contra de la destrucción de sus comunidades por la aprobación de proyectos mineros, solo nos llevan a reafirmar que los más afectados siempre son y serán los más pobres y vulnerables.
En ese sentido, creemos que la opción por los pobres resulta tan vigente hoy no solo para entender la insignificancia a la luz de las diferentes formas de pobreza que bloquean el desarrollo humano; sino, principalmente, para hacernos cargo de cambiar las estructuras de injusticia y desigualdad que causan tanto sufrimiento en la vida concreta de los seres humanos.
