Acuerdo de Escazú: nueva etapa para mejorar competitividad y democracia ambiental

por Mariano Castro, ex-viceministro de Gestión Ambiental en el MINAM

El Acuerdo de Escazú ya está en marcha. Es más, se ha logrado un impulso sustantivo con la I Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú(1), realizada entre el 20 y el 22 de abril con la participación presencial y virtual de cerca de 800 delegados de gobiernos, sociedad civil y de pueblos indígenas, organizaciones juveniles y de organismos internacionales. Son 12 los Estados de nuestra región que ya ratificaron el Acuerdo de Escazú y son 24 Estados los que ya lo firmaron.

Además, positiva y claramente el Acuerdo de Escazú transita hacia un mayor ámbito de cooperación regional con próximas incorporaciones dado que recientemente, el 26 de abril, en el Congreso de Colombia se aprobó, en primera votación y por amplia mayoría, la propuesta de ratificación del Acuerdo de Escazú, luego que fuera firmado por el gobierno del presidente Iván Duque. Y también, en Chile, el presidente Gabriel Boric lo firmó y propuso su ratificación al Congreso de Chile. Países cuyos gobiernos poseen diferentes orientaciones políticas pero que, así como todos los países de América Latina y El Caribe que ya hemos firmado el Acuerdo de Escazú, convergemos en el objetivo común de salvaguardar los derechos de las personas a vivir en ecosistemas sanos, resilientes y al desarrollo sostenible; garantizando la aplicación efectiva y oportuna de los derechos de acceso (Art. 1º, Acuerdo de Escazú). Así como en asegurar un entorno seguro y propicio para la actuación pacífica de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales (Art. 9º, Acuerdo de Escazú).
Acuerdo de Escazú: nueva etapa
Con la I COP del Acuerdo de Escazú ingresamos a una nueva importante etapa, enfocada en el impulso de la cooperación intrarregional para mejorar las capacidades de los países para resolver las cuestiones ambientales y climáticas.

Los años previos estuvieron relacionados con el proceso de la elaboración del Acuerdo de Escazú, caracterizado por un multilateralismo regional sin precedentes, pues se mantuvo una interacción y participación no solo entre los Estados sino con las diversas personas y organizaciones que conforman el público. Lo que contribuyó no solo a ampliar la legitimidad del Acuerdo de Escazú, sino además a incluir los desafíos expresados por los diversos países para lograr la plena implementación efectiva y oportuna de los derechos de acceso a la información ambiental, participación en la toma de decisiones en asuntos ambientales y al acceso a la justicia ambiental, tal como se acordó en la “Visión de Lima para un Instrumento Regional sobre los derechos de acceso en materia ambiental”(2).

Al inicio de la I COP se destacó tanto el incansable esfuerzo realizado por todos durante varios años de intenso y fructífero diálogo que logró un importante Acuerdo regional, sin menoscabo alguno de la seguridad jurídica ni la soberanía de los Estados(3). Este Acuerdo proporciona una ruta correcta para superar las brechas existentes en la aplicación de los derechos de acceso para garantizar la participación de toda la ciudadanía en los asuntos ambientales; cuya prioridad se acrecienta ante las crecientes dificultades no solo por las duras presiones del contexto internacional, agravadas por los efectos de la invasión rusa en Ucrania, sino también por la pérdida de vida de personas defensoras de derechos ambientales, asesinadas en su mayoría por delincuentes organizados relacionados con la tala y minería ilegales así como con el narcotráfico.

Por ello, considerando los desafíos y las proyecciones antes señaladas, son alentadores los resultados obtenidos en la I COP del Acuerdo de Escazú. Para una revisión detallada de los mismos, así como los mensajes y eventos paralelos realizados, puede revisarse el siguiente enlace: https://bit.ly/3Fpcx9v, así como el contenido de las decisiones aprobadas en la I COP de Escazú en el siguiente enlace: https://bit.ly/3kL05r8. A continuación, destacaremos los principales.

Se aprobaron las Reglas de procedimiento de la Conferencia de las Partes, incluyendo las modalidades para la participación significativa del público, según el art. 15. 4º del Acuerdo de Escazú. Con estas reglas se consolida el inicio del proceso para una cooperación regional activa y participativa, que permitirá el desarrollo de capacidades para la aplicación efectiva y oportuna de los derechos de acceso establecidos en el Acuerdo de Escazú.

También se aprobaron las Reglas de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, según el art. 18º del Acuerdo de Escazú. Este Comité es un órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes, encargado de promover la aplicación y apoyar a las Partes en la implementación del Acuerdo. Es de carácter consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo, para examinar el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo y formular recomendaciones.
De acuerdo con lo establecido en la Sección V del Acuerdo de Escazú y en las reglas aprobadas por la I COP, en este Comité se analizan las situaciones relacionadas con casos específicos de aplicación o cumplimiento del Acuerdo, así como sobre la interpretación del mismo. Además el Comité puede realizar análisis sobre los asuntos sistémicos relacionados con la aplicación y cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Para atender estas funciones el Comité realizará diálogos, consultas y audiencias con las Partes, así como con la participación del público. Las conclusiones y recomendaciones del Comité son comunicadas, según el caso, a las Partes o a la COP.
El texto de la Decisión I/3 de la I COP de Escazú puede verse en https://bit.ly/3kL05r8

Adicionalmente, en la I COP se aprobaron las Disposiciones financieras necesarias para el funcionamiento del Acuerdo, según los arts. 14º y 15.4bº del Acuerdo. Se estableció que el Fondo de Contribuciones Voluntarias será un fondo fiduciario de acuerdo con las normas y directrices respectivas de las Naciones Unidas. Tanto los países signatarios como otros Estados y organizaciones podrán contribuir al mencionado Fondo. Durante la I COP la delegación de México anunció la primera contribución. ( Ver Decisión I/4 del Acuerdo de Escazú)

Otra muy importante decisión adoptada en la I COP es el establecimiento de un Grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, que estará encargado de elaborar un plan de acción para ser presentado en la II COP del Acuerdo de Escazú. También se acordó la realización de un Foro anual sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales con especialistas en el tema. De estos Foros anuales deben emanar Informes que sirvan de insumos para la elaboración y revisión del plan de acción sobre la materia.
El texto de la decisión I/6 de I COP de Escazú puede verse en https://bit.ly/3kL05r8.

Histórica I COP del Acuerdo de Escazú
Los resultados obtenidos en la I COP son históricos, tanto por los avances obtenidos como por la activa participación en sus deliberaciones de las Partes, países signatarios, del Público. Todo lo cual mostró el interés de la región de impulsar la aplicación de los vínculos entre los derechos humanos y el ambiente. Los que son esenciales para la competitividad y el Estado de Derecho ambiental.
Otro hecho que mostró la importancia de esta I COP es la importante participación de autoridades de las principales organizaciones internacionales del sistema de Naciones Unidas y del PNUD, PNUMA; de la Comisión Económica para Europa (CEPE) / Convenio de Aarhus, de la OCDE, Unión Interparlamentaria, Red de Transparencia y Acceso a la Información, Organización de Estados del Caribe Oriental, CARICOM, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, UNICEF, Cooperación francesa (AFD), cooperación alemana (GIZ) , Banco Mundial, Parlamentarios para la Acción Global. También participó el Subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado de EEUU.

Una participación significativa fue la de representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía, a través de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA. Sus representantes señalaron la importancia de actuar en nombre de quienes no tienen voz para construir compromisos de cambios frente a la “crisis civilizatoria” que implica, por ejemplo, acciones que llevan a puntos de no retorno, “por ello los pueblos indígenas que tenemos conocimientos y los territorios para hacer los cambios, exigimos que se garanticen derechos y vidas de los defensores ambientales”. Además, Nadino Calapucha, de COICA, pidió un minuto de silencio por la muerte de Ulises Rumiche, dirigente nativo y profesor bilingüe del pueblo nomatsigenga del valle de Pangoa, Perú. Quien era amenazado por crimen organizado vinculado con narcotráfico y tala ilegal de madera. Esta violencia contra defensores ambientales no cesa, son emblemáticas las luchas efectuadas por estas personas contra las actividades ilegales que destruyen el ambiente y los ecosistemas de los que dependen la subsistencia y bienestar de las personas.

El diplomático peruano presente en la I COP, expresó su condena sobre estos hechos y señaló que el Estado realizará las investigaciones y sanciones ejemplares.
Cabe destacar que, durante el último año, el Perú ha desarrollado importantes mecanismos normativos e institucionales para proveer entorno seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos ambientales. Al respecto pueden revisarse los Boletines Informativos sobre Justicia Ambiental(4), así como un análisis sobre la regulación internacional y peruana realizado por la Clínica Jurídica Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú (5). En el marco del Acuerdo de Escazú estos y otros mecanismos de protección de defensores de derechos ambientales podrán ser reforzados
Finalmente, y como esencial factor para la sostenibilidad de los propósitos del Acuerdo de Escazú, debemos destacar la activa e importante participación de la juventud. Esta fue muy comprometida durante el proceso de elaboración y aprobación del Acuerdo, a través de propuestas y movilizaciones. Y durante la I COP igualmente plantean propuestas para la aplicación del principio de equidad intergeneracional, así como para mejorar su participación en los procesos de toma de decisiones.

El Acuerdo de Escazú, construido por y para América Latina y El Caribe, es una base fundamental para el cuidado de nuestra actual y futura “Casa Común”.

(1) Revisar texto del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) en: https://bit.ly/3LRw1pN
(2) “Visión de Lima para un Instrumento Regional sobre los derechos de acceso en materia ambiental”, Lima, Perú. 2013, Ver en:https://bit.ly/3wbR13L
(3) Sobre el tema de la soberanía y otras infundadas observaciones al Acuerdo de Escazú, puede revisarse el siguiente artículo “El Acuerdo de Escazú: Aclaraciones necesarias. Ratificación Impostergable”https://bit.ly/391STV6
(4) Boletín Informativo “Justicia Ambiental” nº 1, agosto 2021. MINAM. https://bit.ly/3vQVZnL
Boletín Informativo “Justicia Ambiental” nº 2, febrero 2022. MINAM. https://bit.ly/3vRYHJu
(5) Clínica Jurídica Ambiental de PUCP. “Las personas defensoras”, febrero 2022. https://bit.ly/3OYhCdv

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