A un paso del no retorno

Por Allison Cadenillas, comunicadora de MOCICC

La Amazonía es un sistema que se autorregula y que ayuda a mantener la vida en el planeta, gracias a dos procesos clave: los ciclos de agua y carbono; éste último vinculado al mantenimiento en pie de los bosques. Así, el bioma amazónico es fundamental para afrontar la crisis climática y por tanto su conservación es crucial para evitar que los efectos climáticos se incrementen.

La aprobación y promulgación de la Ley N° 31973, que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, es un grave atentado a los compromisos del Perú para frenar la deforestación y para los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Esta norma no solo quita funciones al Ministerio del Ambiente, sino que suspende la exigencia de una zonificación forestal para el otorgamiento de títulos, lo que permite que tierras forestales puedan ser utilizadas para otras actividades agropecuarias generando mayor deforestación.

En Perú, el 47% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero son producto del cambio de uso de suelo, es decir, deforestación. Y, según cifras oficiales, el país ha perdido 2,9 millones de bosques entre 2001 y 2022; con un promedio anual de 150 mil hectáreas de deforestación. Con esta ley, esta cifra se incrementaría, lo que contradice los compromisos climáticos que Perú ha asumido para hacer frente al cambio climático, en el marco del Acuerdo de París.

La vulneración de derechos de los pueblos indígenas ha generado gran alarma, organizaciones indígenas como AIDESEP, CONAP y ONAMIAP, han denunciado desde antes de la aprobación de la ley que se están vulnerando sus derechos al territorio, y a la consulta y consentimiento previos. Ya que los territorios de aplicación de estas leyes son los que por años han reclamado como suyos.

En Perú, las comunidades indígenas afrontan presiones por economías ilegales en sus territorios, lo que genera despojo, desprotección e incremento de violencias. A ello se suma que existe aún una gran brecha de titulación comunal -un proceso que tarda años, y es engorroso- que ni los gobiernos regionales ni el Ministerio de Agricultura buscan reducir.

En un contexto en el que 33 defensores indígenas han sido asesinados por defender sus territorios en los últimos 5 años, una normativa de este tipo solo incrementa la amenaza a su vida al fomentar y legalizar el despojo, beneficiando prioritariamente a las mafias causantes de la violencia.

Desde antes de su promulgación organizaciones indígenas, colegios profesionales, colectivos de sociedad civil y redes de jóvenes, se organizaron para exigir que esta norma no sea aprobada. Ahora se busca la derogatoria a través de distintas estrategias legales, normativas y de movilización.

Ya en 2020 la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica en su propuesta Amazonía 80 x 25 advertía de lo cerca que se encuentra la Amazonía del punto de no retorno y de perder el balance necesario para la vida del planeta. Con leyes como esta, este punto está cada vez más cerca, pero aún estamos a tiempo de evitarlo.

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