El secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas en Trujillo, ocurrido durante la madrugada del domingo 30 de agosto, debería ser entendido como algo más que un nuevo episodio dentro de la larga lista de crímenes que diariamente golpean al Perú. La magnitud de la operación revela el nivel de capacidad que han alcanzado las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, expone la enorme distancia que existe entre las promesas del actual Gobierno y la realidad que viven los ciudadanos.
Un grupo armado interceptó el vehículo en el que viajaban cinco personas, asesinó a cuatro de ellas y se llevó secuestrado al empresario. Según la información difundida sobre el caso, los atacantes utilizaron varios vehículos y habrían empleado indumentaria semejante a la policial, lo que inicialmente habría permitido que las víctimas creyeran que se encontraban frente a una intervención oficial.
Sin embargo, el problema no comenzó ese domingo. La Libertad lleva años enfrentando una crisis de inseguridad que se ha ido agravando hasta convertirse en una de las expresiones más visibles del fracaso estatal frente al crimen organizado. La extorsión ha penetrado actividades económicas de todos los niveles, los asesinatos se han convertido en una noticia frecuente y las organizaciones criminales han desarrollado una presencia territorial que parece mucho más sólida que la capacidad del Estado para combatirlas. Lo ocurrido con Jenss Lara no es, por tanto, una excepción inexplicable, sino la manifestación más espectacular de una crisis que viene creciendo desde hace mucho tiempo.
La violencia que ya no se puede ocultar
El crimen organizado no solo demostró que posee armas y hombres dispuestos a utilizarlas; también que puede apropiarse de los símbolos del Estado para ejecutar sus operaciones. Cuando los delincuentes pueden utilizar la apariencia de la Policía para interceptar un vehículo, neutralizar la reacción de sus víctimas y ejecutar un secuestro, la inseguridad adquiere una dimensión distinta. Ya no se trata únicamente de ciudadanos desprotegidos frente a delincuentes comunes, sino de organizaciones que han aprendido a moverse dentro de las debilidades institucionales y a aprovechar incluso la autoridad estatal como parte de su estrategia criminal.
La operación también mostró una capacidad de planificación que debería preocuparnos. No estamos ante un arrebato violento ocurrido por casualidad, sino ante una acción que habría requerido seguimiento, identificación del objetivo, coordinación entre varios participantes, movilidad y capacidad de fuego. Los atacantes consiguieron secuestrar al empresario, pero antes asesinaron a cuatro personas. Esa violencia no puede ser entendida únicamente como un medio para conseguir el objetivo, también transmite el mensaje de que estas organizaciones pueden actuar con suficiente poder como para desafiar abiertamente al Estado. Trujillo, una de las principales ciudades del país, se convirtió durante aquella madrugada en el escenario de una demostración criminal que ningún Gobierno serio debería minimizar.
Las promesas del fujimorismo frente a la realidad
El fujimorismo llegó al poder prometiendo precisamente una respuesta contundente frente a esta situación. La seguridad ciudadana ocupó un lugar central en su discurso y la promesa de la mano dura fue presentada como una alternativa frente a gobiernos incapaces de detener la expansión de la delincuencia. Sin embargo, la realidad que hoy enfrenta el país obliga a preguntarse qué se ha hecho realmente para enfrentar la crisis.
No basta con señalar que la inseguridad es un problema heredado. Por supuesto que lo es, ningún Gobierno recibió un país libre de crimen organizado. Las organizaciones que hoy operan en Trujillo y otras ciudades no aparecieron durante los últimos meses. Pero esa explicación no puede convertirse en una excusa permanente para quienes llegaron al poder precisamente ofreciendo resolver el problema. Gobernar significa asumir las crisis existentes y responder frente a ellas, no limitarse a explicar por qué son difíciles.
Entonces existe un problema de capacidad y voluntad política. Durante años hemos cambiado ministros, jefes policiales y estrategias sin conseguir resultados sostenidos. Cada nuevo asesinato produce indignación y cada nueva crisis genera anuncios, pero la violencia continúa porque el Estado sigue respondiendo después de los hechos, en lugar de construir una capacidad suficiente para prevenirlos.
La necesidad de declarar una victoria
La liberación de Jenss Lara fue, sin duda, una noticia importante. Sin embargo, la rapidez con la que se intentó presentar el caso como una victoria estatal genera nuevas interrogantes. Luego de la liberación comenzaron a difundirse capturas y fotografías de personas intervenidas, mientras, desde distintos sectores, surgieron cuestionamientos sobre si los detenidos correspondían realmente a los individuos que aparecen en las imágenes del ataque.
Aquí es necesario actuar con responsabilidad. No corresponde afirmar que los detenidos son inocentes ni acusar a la Policía de haber fabricado un caso sin disponer de pruebas, son afirmaciones que requieren evidencias. Pero tampoco corresponde asumir automáticamente que toda persona presentada por una autoridad es responsable de un delito. La justicia necesita pruebas y la investigación debe establecer con precisión la participación de cada persona.
Los cuestionamientos surgidos alrededor de las capturas, incluyendo los testimonios de familiares que han denunciado irregularidades en algunas intervenciones y las dudas sobre las características físicas de los detenidos, deberían ser investigados con seriedad. Si esas denuncias son falsas, la investigación debe demostrarlo. Si existen abusos o errores, también deben ser esclarecidos. El problema es que una institución que ha perdido credibilidad no puede exigir confianza sin ofrecer resultados verificables.
El secuestro de un empresario y el asesinato de cuatro personas no se resuelven simplemente con mostrar detenidos. Es necesario determinar quién planificó la operación, proporcionó la información sobre el objetivo, financió la logística, ejecutó los asesinatos y qué organización se encuentra detrás. Si el Estado se limita a capturar algunos eslabones mientras las estructuras que ordenan y financian continúan intactas, el problema reaparecerá bajo otros nombres.
Una virgen que llora
La referencia remite inevitablemente a una memoria política vinculada al régimen de Alberto Fujimori, cuando determinados acontecimientos espectaculares podían ocupar la atención nacional mientras asuntos mucho más graves permanecían fuera del foco. Y mientras el Gobierno intenta convencernos de que todo está bajo control, el crimen organizado sigue demostrando que posee planificación, recursos y capacidad para actuar.
Si la respuesta estatal continúa siendo una sucesión de anuncios destinados a producir tranquilidad momentánea, corremos el riesgo de repetir una de las peores tradiciones de nuestra historia política: mirar fascinados la escena que el poder nos muestra mientras el verdadero problema continúa creciendo detrás de ella.
El Perú ya conoce esa historia, por eso, antes de celebrar una victoria que todavía debe demostrarse, conviene volver a mirar Trujillo, mirar a los cuatro muertos y preguntarnos si realmente estamos frente a la solución de un crimen o frente a un Gobierno que, incapaz de resolver la crisis de inseguridad que prometió combatir, necesita desesperadamente que el país crea que por fin ha recuperado el control.