Por Steve Warren Privat-Pérez
Cada 28 de julio nos decimos que somos libres, que nacimos como república. Repetimos la historia de don José de San Martín y proclamamos nuestra independencia con palabras elevadas que intentan maquillar un país que, en el 2025, no se reconoce ni a sí mismo. Más de dos siglos después, el Perú no ha parido aún una patria para todos, y el himno nacional suena cada vez más como una ironía. ¿Qué independencia celebramos? ¿Qué libertad defendemos? ¿Qué orgullo sentimos por ser peruanos cuando el país parece condenado a vivir en crisis permanente?
En este 2025, hablar de Perú es hablar de una nación fracturada, herida por múltiples frentes: inseguridad, corrupción, desigualdad, colapso ambiental y un sistema político capturado por intereses privados. Somos un país que sobrevive a pesar de su Estado, una sociedad que se organiza desde abajo mientras desde arriba se reparten el botín. La promesa de independencia no se ha cumplido; se ha convertido en una farsa repetida cada julio al compás de desfiles militares y mensajes presidenciales vacíos.
La independencia del Perú no nació en las plazas, ni brotó del clamor de los pueblos. Fue, más bien, una decisión tomada entre paredes aristocráticas, una maniobra de conveniencia que cambió los estandartes, pero no las estructuras. Donde antes mandaban los españoles, pasaron a mandar los criollos; donde antes se pagaba tributo a la Corona, se pagó luego al centralismo limeño. Fue una independencia sin pueblo, sin justicia, sin redistribución de la palabra ni de la tierra.
No fue casualidad que los indígenas quedaran fuera de todo pacto fundacional, pese a haber sido quienes más lucharon en las rebeliones anteriores y quienes más sufrieron el peso de la conquista. Tampoco fue casualidad que los afrodescendientes siguieran encadenados durante décadas, incluso después de que se hablaba de “ciudadanía” en el papel. Mestizos, mujeres, campesinos: todos fueron invisibilizados en el nuevo relato nacional. El país que nació no era para todos. Era un país hecho a la medida de unos pocos.
Y esa lógica fundacional —la de una república sin ciudadanos una independencia sin igualdad— persiste como una sombra larga que alcanza hasta el presente. Han pasado más de doscientos años, pero las decisiones siguen tomándose en escritorios lejanos, sin consultar a los territorios ni a sus comunidades. Las leyes continúan beneficiando a los mismos sectores de siempre, mientras los demás son llamados solo cuando hay que callar protestas o maquillar cifras.
Hoy, en pleno 2025, aún sentimos el peso de ese origen fraudulento. Se nos habla de democracia mientras se reprime con balas; se nos ofrece desarrollo mientras se entregan los ríos, los cerros y los cuerpos a los intereses empresariales. La ciudadanía sigue siendo un privilegio condicionado por la geografía, el apellido o el color de piel. Y mientras tanto, el relato oficial insiste en conmemorar una independencia que nunca llegó del todo, que fue más una fachada que una transformación.
El problema de fondo no es solo el pasado que arrastramos, sino la forma en que ese pasado ha sido manipulado para justificar el presente. Nos han enseñado a celebrar como héroes a quienes firmaron pactos de poder, y a olvidar a quienes verdaderamente dieron su vida por una patria más justa. Nos han hecho creer que la libertad fue un acto consumado en un balcón, cuando en realidad la historia de nuestra verdadera emancipación aún está escribiéndose, día tras día, desde abajo.
¿Cómo llegamos hoy?
En estos años, salir a la calle en cualquier ciudad del Perú ya no es solo un acto cotidiano, es un riesgo. Las noticias no cesan: balaceras, extorsiones, asesinatos en plena vía pública, robos a mano armada, feminicidios. Las mafias han tomado barrios enteros, y la extorsión se ha normalizado como un impuesto más que pagan comerciantes, transportistas, agricultores, hasta colegios. El crimen organizado se ha infiltrado en cada rincón del territorio y del Estado. Los testimonios se acumulan, pero el gobierno actúa con una lentitud sospechosa, como si la inseguridad fuera funcional a la parálisis de toda organización social. Que reine el miedo, parece ser la consigna.
No hay respuesta estructural desde el Estado. En lugar de políticas públicas integrales, la receta es siempre la misma: más policía, más militares, más represión. Pero la impunidad es el verdadero escudo de la delincuencia. Mientras se criminaliza a los jóvenes de los conos y se militarizan los barrios populares, los grandes responsables del desangre nacional gozan de protección, influencia y prensa.
Así mismo, en los últimos meses, las principales universidades del país —San Marcos, UNI, Agraria, Villarreal, Universidad del Altiplano, la Intercultural de la Amazonía, Universidad Nacional del Centro del Perú— han sido tomadas por sus propios estudiantes. La causa es una sola: el abandono estatal y la amenaza a la educación pública. Las universidades están en ruinas, sus docentes mal pagados, sus laboratorios sin equipos, sus comedores colapsados, la corrupción enraizada, malversación de fondos, irregularidades en las elecciones de decanos.
Los jóvenes, a quienes tanto se les exige esfuerzo y disciplina, se ven obligados a estudiar entre filtraciones, hambre y amenazas de represión. El Estado los abandona y cuando levantan la voz, los llama “vándalos”. Pero estos jóvenes han entendido que sin educación no hay patria, y por eso toman sus casas de estudio: no para destruirlas, sino para defenderlas de quienes quieren privatizarlas o silenciarlas.
Las tomas universitarias son un grito de desesperación, pero también de dignidad. Son parte de una generación que no quiere heredar un país destruido. Son los mismos jóvenes que salieron a marchar contra el golpe de Merino, contra el gobierno asesino de Dina Boluarte, y ahora contra el Congreso mafioso. En ellos todavía vive la esperanza de un Perú que merezca ser llamado nación.
Por otro lado, nuestro Congreso actual, con más del 90% de desaprobación, ha dejado de legislar para el pueblo y lo hace a favor de los grandes intereses económicos. Desde la desactivación de la Junta Nacional de Justicia, el copamiento del Tribunal Constitucional, hasta la reciente aprobación de leyes que favorecen a mineras, agroexportadoras y constructoras: todo se hace para garantizar impunidad y concentración de poder. Los congresistas no representan al país, representan a las empresas que financiaron sus campañas.
Se han eliminado normas ambientales para permitir el avance de monocultivos y concesiones mineras. Se han reducido impuestos a sectores poderosos mientras se mantiene la precariedad laboral. Han querido criminalizar la protesta, y aprobaron una ley de amnistía para militares durante el Conflicto Armado Interno y policías responsables de asesinatos en las manifestaciones. ¿Qué justicia puede haber en un país donde matar manifestantes no es delito, pero alzar la voz sí lo es?
Mientras tanto, proyectos de ley que buscan garantizar derechos laborales, fortalecer la educación pública o proteger la Amazonía duermen el sueño eterno. El Congreso no legisla, opera como un consorcio empresarial.
De igual forma, Dina Boluarte se aferra al poder como si gobernara un país en calma, pero su mandato está manchado de sangre. Más de 60 peruanos asesinados en protestas durante los primeros meses de su gestión siguen esperando justicia. Ningún alto mando ha sido sancionado. Ella, blindada por el Congreso, sigue gobernando con decretos, silencios y escándalos.
Las investigaciones por corrupción avanzan lentamente. Su entorno más cercano ha sido señalado por irregularidades, y su gestión es un vacío de ideas. No hay liderazgo, no hay plan país, no hay ética. Lo que hay es una administración tecnocrática que se sostiene con represión, blindaje parlamentario y complicidad mediática. ¿Qué independencia puede celebrarse bajo un régimen autoritario sin legitimidad democrática?
Por último, el Perú trata a su Amazonía como un depósito de recursos y no como su corazón mismo. En los últimos meses, hemos visto cómo áreas naturales protegidas han sido invadidas por minería ilegal, tala indiscriminada y narcotráfico. Los pueblos indígenas, guardianes ancestrales del bosque, son asesinados o desplazados. El Estado no actúa. A veces, parece que entrega el territorio deliberadamente a manos privadas.
El Congreso aprobó leyes que permiten el desbosque para “fines agrícolas”, facilitando el avance de monocultivos como palma aceitera o cacao. El ecocidio es legal. Y lo peor: no hay presupuesto suficiente para el manejo forestal, ni voluntad política para detener el extractivismo.
El cambio climático ya no es futuro: es presente. Pero el Perú, en vez de defender su biodiversidad, la vende al mejor postor.
Entonces, ¿qué significa ser peruano hoy?
Ser peruano en el 2025 es vivir entre la indignación y la resistencia. Es cargar en los hombros una historia plagada de promesas incumplidas, constituciones quebradas, y gobiernos que no gobiernan para su pueblo. Es caminar por un país lleno de riquezas naturales, culturales y humanas que no se traducen en bienestar para la mayoría. Es mirar cada rincón del territorio y preguntarse cómo es posible que, con tanto, tengamos tan poco. Es amar un país que duele cada día y seguir soñando —con terquedad y coraje— en uno que todavía no existe.
Pero también es encontrarse con una patria que brota, silenciosa y tenaz, en los márgenes de esa historia oficial. Es la ternura radical de las ollas comunes que resisten al hambre con dignidad. Es el amor colectivo que nace en los comités de agua de los cerros invisibles, donde se lucha gota a gota por la vida. Es la fuerza de los jóvenes que toman sus universidades no para destruirlas, sino para defender el derecho a soñar con ciencia, cultura y libertad. Es la voz firme de los pueblos indígenas que siguen cuidando los bosques, los ríos y las lenguas, a pesar del desprecio sistemático del Estado. Es el arte que pinta la memoria de los asesinados, la poesía que no se rinde, el canto que no se vende.
Ser peruano hoy es entender que no todo está perdido, porque aún hay cuerpos que marchan, que gritan, que abrazan, que enseñan, que siembran. Es creer, pese a todo, que somos más que los corruptos que se reparten el poder, más que las mafias que controlan las leyes, más que el miedo con el que pretenden callarnos. Ser peruano es mirar el abismo y decidir construir un puente, aunque sea con nuestras propias manos.
No podemos seguir celebrando una independencia vacía, mientras nuestras escuelas se caen, nuestras selvas se incendian, nuestras mujeres son asesinadas y nuestros derechos se negocian como mercancías. No se trata solo de recordar el pasado, sino de disputar el presente y defender el futuro. No basta cantar el himno: hay que convertir sus palabras en realidad. Hay que emanciparnos de una vez del racismo estructural, del clasismo vergonzante, del machismo asesino, del extractivismo colonial, de la política como botín. Hay que desobedecer la resignación.
Es hora de preguntarnos si el Perú es solo un nombre en el mapa o una patria real. Una patria donde la vida valga más que las ganancias. Donde los niños no estudien con hambre, donde los enfermos no mueran esperando una cama, donde las mujeres no vivan con miedo, donde los pueblos indígenas no sean despojados, donde ser pobre no signifique ser desechable. Donde protestar no sea delito, sino un acto de amor por lo que puede ser.
La independencia no se proclamó en 1821. Se intentó. Pero fue secuestrada por los mismos de siempre. La independencia no está en los actos oficiales ni en los desfiles armados. Está en las luchas cotidianas, en los sueños que no se rinden, en las manos que se tienden, en los territorios que se defienden, en las voces que no se apagan. La independencia verdadera se construye todos los días, con memoria, con justicia, con rebeldía, con comunidad.
Y todavía está pendiente.
Pero si algo ha demostrado este pueblo, es que no se cansa de pelear por lo que le pertenece.