Se nos viene un momento crucial para la vida política de nuestro país y, por tanto, para la construcción de nuestra democracia. De manera concreta, en nuestra vida cotidiana, las acciones u omisiones que tenemos respecto a los temas públicos del país son actos políticos, marcan el tipo de ciudadanía que ejercemos y aportan o no a la construcción de nuestra democracia. Sin embargo, los momentos decisivos en el ejercicio de la ciudadanía son los procesos electorales, cada voto de la ciudadanía cuenta y permitirá que uno u otro candidato ejerza una responsabilidad pública con una cuota de poder.
Por todo lo mencionado, en los próximos comicios electorales municipales y regionales, como ciudadanos tendremos la gran responsabilidad de tener la democracia en nuestras manos. El antropólogo Eduardo Ballón nos señala que este contexto electoral se da en medio de una grave crisis marcada por “la defensa interesada de un modelo económico agotado y la resistencia a reformar el Estado como parte de un nuevo contrato social”, este contrato social en el que el Estado refleje los intereses de la ciudadanía.
Para que esto pueda darse es muy importante el apunte que hace la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), al señalar que “es vergonzoso y decepcionante que el Perú sea uno de los cuatro países que registran el mayor índice de percepción de corrupción en América Latina”. No se puede pensar en un nuevo contrato social mientras siga prevaleciendo la corrupción en la política, y por eso los obispos afirman de manera contundente que “es necesario orientarse hacia el Bien Común, superando una cultura patrimonialista donde no se distingue el bien público del privado, o donde se considera la cosa pública como propia”.
La mejor forma de construir un nuevo contrato social y darle prioridad al bien común es preocuparse por los más pobres, pues si mejoran su calidad de vida se traduciría en beneficios para el conjunto de la sociedad. Sin embargo, prevalece una economía que se basa en la capacidad que puedan tener los pobres de “rascar la olla”, y si los especialistas señalan que tenemos una economía fuerte en su conjunto, “lo es para una pequeña minoría y los acreedores externos”, tal como lo señala el economista Javier Iguiñiz.
En este contexto, es urgente no sólo elegir bien a nuestras autoridades, sino fundamentalmente construir mecanismos de exigencia ciudadana a nuestras autoridades locales y regionales para que pongan por encima las necesidades de la ciudadanía, aquel bien común que permita una mejora colectiva y que conecte con los problemas cotidianos de las personas.
No hay que olvidar que la Constitución propone una gama amplia de posibilidades para el ejercicio de una participación desde la forma más elemental, que se produce a través del voto o ejercicio del sufragio (derecho a elegir y a ser elegido) hasta el reconocimiento de que los ciudadanos y ciudadanas tienen la capacidad de intervenir en el ejercicio y la dirección de los asuntos públicos mediante mecanismos establecidos, tal como lo establecen tanto la Convención Interamericana de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derecho.
Además, esta participación, por parte de la sociedad civil, en los asuntos públicos de nuestro país es un derecho fundamental, reconocido por los tratados y pactos internacionales suscritos por el Estado peruano.
