Precariedad laboral en el Perú

25 marzo, 2019

PRECARIEDAD LABORAL EN EL PERÚ

Por Alejandra Dinegro, socióloga de la Universidad Nacional de San Marcos

 

Durante el 2018, la agenda pública del país estuvo marcada por los escándalos de corrupción dentro de nuestro sistema judicial. Sin embargo, cuando nos preparábamos para recibir el año nuevo, el presidente Martín Vizcarra promulgó la “Política Nacional de Competitividad y Pro- ductividad”, a través del Decreto Supremo N° 345-2018-EF, el cual estaría en vigencia hasta el 31 de diciembre del 2030.

La PNCP estuvo expuesta desde junio del 2018 en el portal web del MEF. Es una propuesta elaborada por el Consejo de Competitividad y Formalización (conformado por algunos ministerios, el sector privado, gobiernos regionales y locales, sin participación de los trabajadores), cuya tarea es desarrollar e implementar un Plan Nacional de Competitividad con el objetivo de mejorar la capacidad del Perú para competir en el mercado internacional.

¿Qué propone este decreto?

El documento contiene nueve objetivos prioritarios, siendo el eje cinco, referido a las regulaciones del merca- do laboral, el aspecto más cuestiona- do por los trabajadores y expertos en el tema. Las propuestas se enmarcan en un discurso neoliberal que parte de diagnósticos erróneos.

Por ejemplo, se manifiesta que es económicamente caro y legalmente complicado despedir a un trabajador. Más aún, cuando el trabajador tiene el “derecho de reposición” ante un despido, otorgado por un precedente judicial del 2001, del Tribunal Constitucional.

El propio exviceministro de Promoción del Empleo, Fernando Cuadros, señala que el proceso de sustitución de la contratación a plazo indeterminado por la contratación a plazo fijo se inició ya, hace 27 años. La PNCP no contiene, dentro de su análisis, el periodo de gran flexibilización laboral iniciado en 1990.

Un argumento similar es el referido al “alto costo” que implica despedir, el cual se considera elevado al compararnos con otros países de América Latina(1). Los contratos a plazo fijo tienen duraciones tan cortas y sin renovación que dejan pocos márgenes a que una empresa asuma un alto costo por despido. Según cifras del INEI (2017), de cada 100 trabajadores asalariados del sector privado, 12 trabajan a plazo indeterminado y la mayoría de ellos en las grandes empresas (54%) en las que, en comparación con las medianas y pequeñas empresas (donde el 13% tiene contratos a plazo fijo y con altas tasas de informalidad laboral), la legislación laboral con- templa menores costos de indemnización por despedir. Lo que lleva a preguntarse ¿a quiénes beneficia, en realidad, la reducción del costo por despido?

Bajo este razonamiento, no es difícil deducir que las políticas públicas a expresarse en el Plan Nacional de Competitividad acentúan un rol flexibilizador de las normas laborales, señalándolas como la principal “valla” a superar para lograr implementar la PNCP. Lógica rechazada en una protesta ciudadana llevada a cabo el 15 de enero.

Como nota final, se ha quedado en declaraciones la posibilidad de crear un nuevo régimen laboral juvenil, así como la reducción de las vacaciones (de 30 a 22 días) y la aplicación del salario mínimo diferenciado a nivel nacional.

No es exagerado afirmar que la presente norma revive el espíritu de aquellas reformas laborales llevadas a cabo durante el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. El mismo que sentó las bases para una de las reformas anti-laborales más nefastas que se implementaron en América Latina

(1) Revisar el Índice de Competitividad Global, realizado por el World Economic Forum 2018.