Las Bambas: desde las demandas de los actores sociales

7 mayo, 2019

LAS BAMBAS: DESDE LAS DEMANDAS DE LOS ACTORES

por Ana Leyva Valera, Directora Ejecutiva de CooperAccion

 

Como cristianos estamos llamados a hacernos responsables de aquellos que sufren o que tienen, de alguna manera, su dignidad disminuida o negada. No sólo para consolarlos sino acompañarlos en sus luchas por ser reconocidos, para que se restituya sus derechos y se garantice su bienestar. Este artículo analiza el último estallido del conflicto en torno a la mina Las Bambas, ubicada en las provincias de Cotabambas y Grau en Apurímac.

Este episodio tuvo como protagonistas la comunidad de Fuerabamba, la empresa minera Las Bambas S.A. y el Estado. Los noticieros informaron que la comunidad de Fuerabamba realizaba un bloqueo de la carretera por donde transitan los camiones que trasladan los concentrados de la empresa minera Las Bambas S.A. con destino a Arequipa. Inicialmente, se dijo que la medida de fuerza era porque la comunidad exigía un pago adicional y millonario a lo que ya había recibido por sus tierras. En ese contexto un líder empresarial pedía mano dura para volver las cosas a la normalidad.

La historia de la comunidad de Fuerabamba

Fuerabamba es una comunidad que ocupaba lo que es hoy el primer tajo de la operación minera Las Bambas. Esta comunidad tuvo que desplazarse íntegramente para dar paso a la explotación. La empresa se comprometió a darle en compensación 8200 hectáreas de tierras, repartidas en tres partes: las tierras ocupadas por la Nueva Fuerabamba, complejo de viviendas que se ubica cerca de la ciudad de Challhuahuacho, el Fundo Yavi Yavi con 3500 has de tierras para el pastoreo, que se encuentran a más de 100 km de la Nueva Fuerabamba, y tierras para agricultura que todavía no les han sido entregadas. Además, a modo de reparación por los daños sufridos, los comuneros calificados habrían recibido montos de dinero aparentemente importantes. Al respecto, no se conoce detalles pues hubo compromiso de confidencialidad.

Sobre el complejo de viviendas, tenemos entendido que todavía no se han entregado los títulos de propiedad; esto le permite a la empresa tener el control del ingreso y la salida de sus habitantes. Además, si bien las viviendas son de dos pisos, el reasentamiento no se hizo con los estándares del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, pues se convirtió abruptamente a una población de rural en urbana. A ello se suma que las tierras que se les dio para el pastoreo están muy lejos de sus viviendas.

El bloqueo de la carretera se produjo en el Fundo Yavi Yavi. Los comuneros de Fuerabamba denunciaban que la carretera por donde se realiza el transporte minero atravesaba su propiedad. Es decir, habían usado sus tierras sin que ellos hubieran vendido, por ello exigían el pago correspondiente al Estado y a la empresa minera. Antes del estallido del conflicto, estos actores habían estado en tratativas y al parecer no se pusieron de acuerdo en el monto; ante ello la comunidad adoptó medidas de fuerza.

La historia más allá de Fuerabamba

El caso de Las Bambas ha tenido varios episodios de conflicto, algunos de mayor intensidad que otros. No se trata de un caso de rechazo a la minería. Es lo que llamamos en Cooperacción, conflictos de convivencia, aquellos que se producen por reglas poco claras, injustas o que no se cumplen, porque no hay una institucionalidad lo suficientemente fuerte que las haga cumplir.

La venta del proyecto minero Las Bambas que se concretó el 2014 hizo que éste requiriera cambios sustantivos. Inicialmente, los componentes del proyecto estaban repartidos entre Cotabambas y Grau en Apurímac (extracción) y Espinar en Cusco (procesamiento), ya que la dueña anterior (Glencore Xstrata) estaba realizando minería en ambos territorios y le resultaba conveniente realizar el procesamiento en Cusco. Al venderse Las Bambas a MMG el procesamiento pasó a realizarse en Apurímac. Es decir, la huella del proyecto y sus impactos se concentraron en una sola región.

Debemos señalar que a la fecha se ha tramitado 9 procesos de modificaciones, el último todavía en curso. En ese contexto se creó un instrumento ambiental (ITS) y un nuevo procedimiento de aprobación de tan solo 15 días, para hacer que ciertos cambios se realicen lo más rápido posible. Estos cambios en gran medida no fueron informados a la población.

Cuando la población progresivamente se va enterando en los hechos de los cambios, pide explicaciones y no se las dan. Esto originó el estallido del conflicto de setiembre 2015. Uno de los cambios realizados en la operación minera fue el medio de transporte del mineral. Se pasó del transporte del mineral por mineroducto y de los suministros por una carretera asfaltada por la empresa minera, al transporte terrestre del mineral y de los suministros a través de una carretera sin ningún compromiso de asfaltado. Este cambio se realizó en la segunda modificatoria del EIA y se hizo de manera irregular, pues no fue planteado en la solicitud inicial, se incorporó a partir de una observación realizada por la autoridad ambiental, razón por la cual la población no pudo ser informada. Además, en el procedimiento, no se estableció los impactos ni medidas de mitigación para los daños que podía generar el transporte terrestre del mineral realizado por una carretera sin asfalto. Al no existir obligaciones establecidas no había forma que OEFA fiscalizara.

Cuando la población que vive a lo largo de la carretera (149 centros poblados y 72 comunidades campesinas) comenzó a sufrir los impactos (polvo, ruido, vibración, congestión vehicular, accidentes), comenzó a manifestar su malestar. Entre setiembre y octubre de 2016, este tema se llevó a la mesa de diálogo que se estableció para responder a las demandas del conflicto de 2015. Además de ello, se puso en evidencia que para la apertura y /o ampliación de la carretera, en varios tramos, no se había cumplido con el saneamiento físico legal de las tierras perjudicando con ello a varias comunidades campesinas. Frente al problema ambiental, la empresa se comprometió en la mesa de diálogo a regar la vía y poner en algunos tramos base negra, lo que hizo pero no duró mucho por el alto tonelaje de los camiones. Además, se anunció la celebración de un convenio interinstitucional entre empresa y Estado para dar una salida a la problemática del transporte minero.

La falta de una salida concreta y pronta al problema del uso de las tierras comunales para la apertura o ampliación de la carretera ocasionó un nuevo estallido del conflicto en octubre de 2016. Con estas comunidades se abrió un proceso de negociación por sus tierras.

El problema ambiental se mantiene. Fue nuevamente planteado por el Presidente del Frente de Defensa de los Intereses y por el Desarrollo de la provincia de Cotabambas en el proceso de aprobación de la tercera modificatoria del EIA tramitada ante SENACE, que concluyó en enero de 2019. En este procedimiento se pidió que los impactos de la carretera fueran incluidos en el trámite. La empresa alegó que no correspondía, que además la vía no es un componente minero, sino una vía pública cuya responsabilidad está a cargo del Estado. Resolver en gran medida el problema ambiental generado por el transporte minero pasa por asfaltar la carretera y darle permanente mantenimiento. Sólo el asfaltado tiene un costo aproximado de 2000 millones de soles ya que su recorrido tiene más de 400Km. El problema es determinar quién lo tiene que hacer. La empresa señala que esa es una responsabilidad exclusiva del Estado. Como podemos apreciar, la carretera del transporte minero es un foco de conflicto permanente ya sea por los problemas ambientales que genera o porque no se realizó el saneamiento físico legal de las tierras que usan en algunos de sus tramos.

Ante la complejidad de la situación consideramos que lo primero que tiene que hacer el Estado es tratar de entender las distintas tramas que se han venido acumulando. Así como reconocer sus ausencias y errores. Por otro lado, la empresa debería entender que los atajos a los problemas, como propiciar sólo acuerdos económicos y no el restablecimiento de derechos, mantiene la situación de tensión y descontento. Es necesaria una intervención con perspectiva de derechos, que busque profundizar la democracia y que afronte las enormes asimetrías existentes entre los actores.