[ENTREVISTA] Silvia Alayo: La situación carcelaria es dramática y alarmante

16 junio, 2020

[EDITORIAL]

Silvia Alayo: La situación carcelaria es dramática y alarmante

por Katee Salcedo, directora de la revista Signos.

El avance de la COVID – 19 y sus implacables efectos vienen haciendo aún más grandes las grietas sociales que desde hace muchos años son parte de nuestra realidad, pero que hoy se pueden distinguir con mayor facilidad. Una de ellas es la terrible situación de las cárceles, donde han venido ocurriendo motines y revueltas que responden a un reclamo por las precarias condiciones que enfrentan no solo los reclusos, sino también el personal penitenciario. Para conocer más sobre esta problemática, conversamos con Silvia Alayo, Responsable del Programa Justicia Penal y Penitenciaria de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), quien trabaja directamente con agentes pastorales que realizan acompañamiento a los reclusos y reclusas de diversos penales de todo el Perú.

¿Cómo definirías la situación carcelaria en nuestro país?

Esta crisis viene de hace décadas y está marcada por el hacinamiento, la deficiencia en infraestructura y en la atención de salud. La corrupción también atraviesa todo el sistema penitenciario. Esto es resultado de muy malas decisiones a nivel de la legislación que en los últimos tiempos sobrecriminaliza las conductas al punto que delitos que no revisten una mayor gravedad pueden llegar a tener penas muy altas. Se ha restringido los beneficios penitenciarios. El 73% de la población penal, muy por el contrario de lo que la ciudadanía piensa, no tiene acceso a beneficios. Y, por cierto, hay un abuso de la prisión preventiva. Aproximadamente el 60% de las personas privadas de libertad tiene una sentencia, el 40% restante no la tiene; es decir, no sabe cuánto tiempo van a pasar en prisión. A esta situación se ha sumado la emergencia sanitaria. Se puede establecer que hay un 140% de hacinamiento a nivel nacional y eso hace imposible la aplicación del distanciamiento social. La situación carcelaria es dramática y alarmante.

¿Cómo impacta el avance de la COVID – 19 a quienes se encuentran privados de su libertad?

La Covid – 19 tiene un impacto muy grande en las cárceles porque hay un grupo importante de presos vulnerables. Cerca de 18 mil son población vulnerable. Por ejemplo, hay aproximadamente 5 mil adultos mayores (más de 60 años), que padecen enfermedades. De los 18 mil considerados vulnerables, el 73% tiene alguna enfermedad. Por ejemplo, 2,980 presos están enfermos de tuberculosis, 828 tienen VIH Sida, cerca de 2 mil son diabéticos, 1,300 tienen discapacidad física o mental, 6 mil hipertensión arterial, y hay 69 encarcelados diagnosticados con cáncer. De toda esta población, solo el 32% recibe tratamiento médico. Además, hay otro grupo importante de mujeres que son madres que viven con sus hijos en las cárceles. Este es también un grupo vulnerable y también lo son las mujeres gestantes. Estos son datos oficiales del INPE a marzo de este año.

¿Qué atenciones urgentes necesitan los reclusos en este escenario de pandemia?

Apenas se inició el estado de emergencia se suprimió el ingreso de visitas a los penales. Una medida justificada y razonable, pero la visita para un preso significa la posibilidad de tener alimentos, medicinas y utensilios de aseo. Las visitas dan a los reos lo que el Estado no puede darles. Entonces, al suprimirse las visitas se suprime mucho más. Por ejemplo, para un diabético que es insulinodependiente el Estado no le da la insulina, la familia se la lleva. A una persona hipertensa tampoco el penal le proporciona todo el medicamento, su familia sí. Es urgente el ingreso de estas cosas. Para ello, el INPE debe establecer un protocolo de qué está permitido ingresar, qué días se puede hacer, cuáles son las medidas de seguridad (formas de embalaje, desinfección, que un solo familiar haga las entregas), entre otros. Es necesario también la bioseguridad no solo para los presos sino también para el personal penitenciario, mascarillas, mamelucos. También es urgente el servicio de agua potable y mejorar la comunicación. En una cárcel hay un teléfono para 400 reclusos. Si un interno se siente enfermo tiene que pedir medicinas a su familia porque en este momento no se les está dando ni siquiera paracetamol y azitromicina. Desde CEAS hemos venido planteando desde el principio medidas legales orientadas a este gran número de presos sin condena. Hacia ellos tienen que ir también esas medidas, para permitir la variación de su prisión preventiva por prisión domiciliaria. Lo planteamos así porque los indultos están dirigidos solo a personas condenadas.