El derecho a la educación en el Perú

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DE AQUÍ Y DE ALLÁ

por Carmen Lora, directora del Centro de Estudios y Publicaciones.

Entre el 6 y el 17 de noviembre tendrá lugar en Ginebra el III Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU). El EPU es un proceso dirigido por los Estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ofrece a cada Estado miembro la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia. Al ser una de las herramientas principales del Consejo, el EPU se concibió para asegurar un trato homogéneo a todos los países cuando se evalúan las situaciones de derechos humanos.

Entre los Informes que se examinarán está el que se refiere al estado del derecho a la educación en el Perú. El Examen toma como referencia tres reportes sobre el país que han sido presentados por el Estado peruano, por la representación de las Naciones Unidas en el Perú y por una coalición de la sociedad civil integrada por diversas instituciones, entre ellas el Instituto Bartolomé de Las Casas y el Centro de Estudios y Publicaciones.

El Informe elaborado y presentado por una coalición de ONGs de la sociedad civil peruana con relación al derecho a la educación destaca que se han logrado importantes avances desde el último examen que se realizó en el año 2012. A la vez se observa con preocupación:

a) La persistencia de profundos problemas de desigualdad educativa, así como de desigualdades sociales y educativas con base en el género, la raza, la etnicidad o la pertenencia a un determinado territorio, las que se han complejizado en los últimos años.

b) La persistencia de brechas de género y desigualdad de acceso y permanencia de las niñas y mujeres en el ámbito educativo, así como brechas al interior del grupo de las propias mujeres, como por ejemplo entre las mujeres indígenas y las no indígenas.
Destaca la persistencia de tasas de analfabetismo y la alta incidencia de embarazo adolescente como factores que limitan su desarrollo personal y educativo.

c) La creciente expansión de la educación privada, con un importante sub-sector de escuelas de bajo costo y de baja calidad, orientadas a familias de escasos recursos, en detrimento del sistema público de educación y del derecho humano a la educación por su impacto en términos de equidad, segregación y estratificación educativa y la pérdida de recursos públicos para la educación pública, lo que profundiza la desigualdad.

d) Una serie de problemáticas relativas a la situación y a la profesión docente, como la desvalorización de los sujetos de la comunidad educativa, una fuerte precarización laboral, menores posibilidades de sindicalización, limitaciones a la autonomía y participación.”

El Perú será examinado ante este mecanismo el próximo 8 de noviembre. Tres países elegidos previamente, Bolivia, Japón y Portugal, comentarán y harán sus observaciones, después de lo cual los otros Estados miembros están también facultados para presentar sus recomendaciones.

El informe señala la persistencia de profundos problemas de desigualdad educativa, así como de desigualdades sociales y educativas con base en el género, la raza, la etnicidad o la pertenencia a un determinado territorio, las que se han complejizado en los últimos años.