El CNM: la desconocida pero poderosa institución a la que se busca reformar

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Cruz

Silva Del Carpio


Investigadora en temas de justicia y magistratura, abogada del Instituto de Defensa Legal
urge que quienes integran hoy el CNM sean fiscalizados.

El Consejo Nacional de la Magistratura (conocido como “CNM”), es una institución que fue renovada en la Constitución de 1993 y que cuenta con 7 miembros, pudiendo ampliarse a 9 (1 elegido por el Poder Judicial, 1 por el Ministerio Público, 2 por universidades, 2 por profesionales no abogados y 1 por abogados). Antes ya existía pero con otro nombre, composición y menos potestades. Conocerlo es importante porque su trabajo tiene impacto directo en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque elige al Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al titular del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, y a todos los jueces, juezas y fiscales del país (salvo los jueces de paz). Si es que tenemos magistrados que no interpretan bien la ley, que no son imparciales, que no tienen un real compromiso con la justicia, o que son corruptos, será en gran medida porque el CNM los eligió mal.

¿Qué sucede hoy?

Hoy, justamente por diversas críticas a cómo ha estado eligiendo, evaluando (cada siete años) y destituyendo (o no) a magistrados, es que todos exigen una reforma y a fondo en esta institución. Un problema central de todas esas críticas es que quienes la integran (los “consejeros”), están retrocediendo en lo avanzado.

Estos nuevos consejeros iniciaron sus funciones a mediados del 2015, pero de forma cuestionable porque los procesos con que fueron elegidos tuvieron serias deficiencias: poca transparencia, pocos requisitos, muchos tenían trayectoria cuestionada, la Defensoría del Pueblo de entonces hasta pidió que no se violen los derechos de muchos profesionales que no votaron por su representante, etcétera.

El representante de los abogados, Guido Águila, actual Presidente de la institución, tiene un serio conflicto de interés ya que su academia EGACAL, que hoy lleva su esposa, daba clases a quienes luego podían postular ante el CNM. Su consejera suplente (se eligen a 7 consejeros titulares y sus respectivos suplentes) es Ruth Monge, abogada relacionada con la defensa de los Zevallos, investigados y condenados por narcotráfico. ¿Qué seguridades se dan, entonces, para que estos funcionarios elijan jueces y fiscales imparciales e independientes? Ninguna.

La lista de cuestionamientos sigue y se agrava con la actuación que han tenido desde mediados del 2015: decidieron en un primer momento no sacar del cargo a un colega consejero sindicado por medio de un audio de cometer presuntas irregularidades en la recategorización en una universidad; han elegido en un concurso supremo a jueces que hoy han puesto en jaque la sanción del delito de lavado de activos; se han negado a abrir procedimiento disciplinario a toda una sala que dejó impune un caso de trata de personas; han nombrado a un juez en Cajamarca que era investigado por su actuación en un caso de la violación de menor de edad… y actualmente, se preparan, con esos criterios, a elegir a 4 nuevos jueces supremos.

¿Qué se espera de la reforma del CNM?

La reforma del CNM debe apuntar a mejorar el perfil de sus integrantes. Y más allá de ese cambio normativo (pues va a demorar como mínimo un par de años), urge que quienes integran hoy el CNM sean fiscalizados (¿lo hará este Congreso?) y, para ser sinceros, convocar a nuevas elecciones porque tanto los consejeros titulares como los suplentes o tienen cuestionamientos o representan las intromisión de intereses particulares y políticos, más aún, cuando la justicia viene procesando casos de corrupción como Lava Jato.

El gobierno ha presentado ante el Congreso un proyecto de ley para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura que es el órgano constitucional encargado de nombrar, notificar y destituir a los jueves y fiscales en nuestro país.