CVR: los retos pendientes de nuestro país hacia el bicentenario

22 agosto, 2019

CVR: LOS RETOS PENDIENTES DE NUESTRO PAÍS HACIA EL BICENTENARIO

por Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz, estudiante desaparecido de La Cantuta

 

El 28 de agosto del 2003, los integrantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregaron al Presidente de la República el Informe final de esta comisión, tras dos años de trabajo constante en casi todo el país, recogiendo testimonios de las víctimas, sus familiares, testigos y autoridades de miles de comunidades que fueron afectadas por el terrorismo desatado durante el periodo 1980-2000.

Después de 16 años, la controversia sobre lo que vivimos los peruanos y peruanas continúa, llevándonos a enfrentamientos verbales y a demostrar lo lejos que estamos de la ansiada reconciliación. Muchos políticos, de manera interesada, pretenden que el trabajo de la CVR no se discuta ni esté en la agenda pública. Que, en nombre de la reconciliación, volteemos la página hacia otras historias menos dolorosas y nos ocupemos mejor del fútbol, de la comida, del crecimiento económico, etc. Cero empatía con las víctimas y respeto a sus derechos a la verdad, justicia, reparación digna y memoria.

 

El solo nombre de “conflicto armado interno” genera largas discusiones llenas de adjetivos e insultos que ter- minan en difamación contra quienes se atreven a señalar que el período de violencia 1980 al 2000 fue un conflicto armado interno(1). Quienes se oponen a este término señalan que se oculta el accionar de Sendero Luminoso y el MRTA y los actos terroristas que cometieron; que se equipara la defensa de los agentes del Estado: policías, militares, marinos, con los terroristas (2).

Más allá de estas discusiones que debemos seguir teniendo, ¿cuánto se ha avanzado en términos de verdad, justicia y reparaciones en estos 16 años?

Verdad: En junio del 2016 se promulgó la Ley 30470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como res- puesta política  del  Estado  peruano  a su obligación de satisfacer el derecho a la verdad de los familiares de  las víctimas, de señalar qué ocurrió con los desaparecidos, dónde están, de ubicar sus cuerpos, identificarlos y restituirlos dignamente a sus familia- res para el cierre del duelo. Tres años después de la promulgación de esta ley, aún es poco lo que se ha avanza- do, los familiares siguen esperando respuestas en medio de la angustia porque pasan los años, las décadas y la información se pierde, los lugares de entierro se vulneran, los testigos (o responsables directos) se mueren llevando consigo la información, y los familiares ya no pueden seguir esperando después de casi 40 años. Se necesitan no sólo capacidades técnicas y profesionales sino mucha voluntad política y personal para vencer los protagonismos y actuar como un solo Estado en investigar los casos, buscar los cuerpos y dar la respuesta esperada a los familiares.

Por las propias características del conflicto interno y el actuar de quienes violaron los derechos humanos, muchos de los cuerpos de los desaparecidos no podrán ser encontrados. Algunos fueron arrojados a los ríos caudalosos de la  selva,  a  barrancos  o botadores de cadáveres donde los animales terminaron de desaparecer- los; otros fueron quemados en hornos construidos para ese fin. Las cenizas no darán las respuestas que esperamos y, en algunos casos, no quedan  ni siquiera esas cenizas como evidencia. Entonces, la historia reconstruida desde el momento en que detienen arbitrariamente a la víctima o la secuestran para obligarla a participar en una guerra que no era suya, hasta el paradero final de los restos, es la ver- dad que los familiares tienen que recibir como respuesta oficial del Estado.

Justicia: La recomendación de la CVR, de la creación de un sistema especial de justicia para los casos de violaciones a los derechos humanos, casi ha desaparecido con el tiempo. Las investigaciones en el Ministerio Público no avanzan por falta de información de los responsables, las Salas Penales no se dan abasto para juzgar todos los casos que llegan hasta ellas; así, hay procesos que debieron empezar hace meses, por no decir años, y seguimos esperando la oportunidad de que ter- minen otros procesos porque no hay salas disponibles, no sólo jueces superiores sino espacios físicos.

Que el juicio se inicie no es garantía de una sentencia efectiva contra los responsables. En los últimos años, los procesados no acuden a la lectura de sentencia porque “alguien” les avisa que serán condenados, y capturarlos no es una tarea a la que le dediquen tiempo ni esfuerzo. Tenemos así algunos condenados en los casos Julcamarca, Accomarca, Cabitos que no han sido capturados y otros que tienen orden de captura desde el año 2001, como algunos miembros del grupo Colina, sin que nadie asuma la responsabilidad de responder por estas “ausencias” ante la justicia.

Otra dificultad son los casos en que la Corte Suprema ordena un nuevo juicio, sea que hayan tenido condena o absolución en la Sala Penal, pero que significan varios meses más de espera, angustia de los familiares para conocer el final de estos procesos. Menciono también la irresponsabilidad en el pago de las reparaciones civiles. No sólo los acusados directos no pagan las reparaciones que han sido establecidas en las sentencias en favor de los familiares de las víctimas, sino que el propio Estado, declarado como tercero civilmente responsable en algunos casos, tampoco lo hace, con sentencias de los años 2008, 2009. ¿Cuánta justicia puede haber en estos procesos que llevan años de seguimiento de los familiares, de participación en las audiencias, para que, una vez que se logra sentencia, no cambie nada? ¿Existe justicia punitiva y restaurativa?

Reparaciones: La respuesta del Estado peruano no es integral a la obligación de atender el derecho a reparaciones dignas. Si bien se han dado algunos   mecanismos   de reconocimiento a la condición de víctimas como la acreditación que otorga el Registro Único de Víctimas que pertenece al Consejo  de  Reparaciones, o las reparaciones colectivas o memoriales que conmemoran a las víctimas, las reparaciones siguen siendo una exigencia de los familiares.

El monto que se estableció en el 2011, de diez mil soles por familia, no se ha incrementado pese al ofrecimiento de varios gobiernos. Hay hijos que recibieron menos de 500 soles como reparación económica por la pérdida de sus proyectos de vida personales y fa- miliares. La forma como se han ido implementado las otras reparaciones en salud, educación, vivienda, va como parte de políticas sociales del Estado, sin crear mecanismos especiales de atención a las víctimas donde sólo importe esta condición para ser sujeto de atención ágil, respetuosa, eficiente.

Si no entendemos, como país en general y como funcionarios y gobierno, en particular, la enorme deuda que se tiene con las víctimas y la necesaria atención a cada uno de sus derechos de manera urgente, este proceso de reconocimiento no será completo y seguiremos postergando una obligación, causando más daño y afectación a quienes ya se les hizo daño, de manera directa o con la in- diferencia de muchos años. Hay una enorme deuda que se plantea como reto para un país que camina hacia el Bicentenario.

 


 

(1) Conclusiones Generales del Informe Final de la CVR, 1: La CVR ha constatado que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República. Asimismo, que fue un conflicto que reveló brechas y desencuentro profundos y dolorosos en la sociedad peruana. http://www.cverdad.org.pe/ifinal/conclusiones.php

(2) Para CVR (13), el PCP-SL fue el principal perpretador de crímenes y violaciones de los derechos humanos, tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaprecidas. Fue responsable del 54 por ciento de las víctimas fatales reportadas a las CVR (…). O la conclusión 20: La CVR ha constatado características terroristas del PCP-SL que desplegaron desde un comienzo a traves de ajusticiamientos realizados con sevicia, prohibición de entierros y otras manifestaciones delictivas, incluido el uso de coches-bomba en las ciudades. http://www.cverdad.org.pe/ifinal/conclusiones.php