A catorce años de la CVR: justicia para la reconciliación.

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 Por: Miluska Rojas, Secretaria Ejecutiva del Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita..

La forma en que las sociedades atienden las demandas de las víctimas y el tratamiento que se da a los otros actores del conflicto pueden revelar el valor de la justicia y las dinámicas de perdón a las que se someten culturalmente sus miembros, en favor de expectativas de convivencia y éxito.

Las Comisiones de la verdad son estrategias temporales que buscan acercar a los actores de un conflicto para construir juntos una verdad oficial. El diálogo al que éstas convocan puede ser reparador; sin embargo ninguna comisión de la verdad, en ninguna parte del mundo, logró reparar los daños, impartir justicia o reconciliar cabalmente a las partes. Estas tareas las anteceden y preceden. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) peruana no pudo ni tuvo por encargo reconciliar al país.

El contar su historia permite a las víctimas, en la medida y la forma en que logran tener eco en la sociedad, abrir el camino de rehabilitación del daño sufrido. Cuando la verdad de los actores es escuchada, es posible romper la indiferencia y la negación. Cuando la verdad es incorporada al sistema de justicia y de reparación, es posible avanzar hacia la reconciliación.

Tras los episodios de violencia, las expectativas de los actores son disímiles y las víctimas suelen ser seres humanos desposeídos de su dignidad como de la satisfacción de sus necesidades básicas. Sin embargo, en diversas experiencias, se advierte el deseo de reconocimiento de la verdad de los hechos, de justicia y de reparación como vías que se alternan o son simultáneas para plantear la reconciliación de las víctimas con el Estado.

Importan los plazos y las formas para la reparación

En el Perú, la Ley N° 28592 que crea el Plan Integral de Reparaciones fue aprobada a fines de 2005, y recién en 2015 todos sus programas de reparación pudieron funcionar simultáneamente. Los plazos y las formas han sido justificados permanentemente por la limitación presupuestal (en periodos de crecimiento económico sostenido) y la incapacidad institucional (ausencia de reglamentos, leyes y consensos políticos). En 2012 se reportó que 3.200 personas que figuraban en las listas para recibir su reparación económica habían muerto sin cobrar un sol y otros cientos que padecían de cáncer no podían acceder a reparaciones en salud. El gobierno de Humala, a diferencia del de Toledo y el de García, dio celeridad a las reparaciones; y en las formas, en corto plazo, el gobierno de Kuczynski ha mostrado mayor interés y menor mezquindad. Las víctimas, catorce años luego del Informe CVR, han pasado su vida entre sus demandas de dignificación y justicia, y la satisfacción de sus necesidades básicas.

 

Los avances en el Poder Judicial y el Ministerio Público en torno a los procesos de esta época han sido limitados por el acceso a recursos y la poca voluntad política para mejorar normas internas que acorten plazos, garanticen el acceso a derechos y un trato humanitario a las víctimas.

Importan la justicia y la verdad

Los avances en el Poder Judicial y el Ministerio Público en torno a los procesos de esta época han sido limitados por el acceso a recursos y la poca voluntad política para mejorar normas internas que acorten plazos, garanticen el acceso a derechos y un trato humanitario a las víctimas. La sentencia dictada al expresidente Fujimori y al Destacamento de aniquilamiento Colina por las matanzas de Barrios Altos y de los estudiantes de la universidad La Cantuta ha sido significativa. Sin embargo, la sobrecarga procesal en las Salas penales y Juzgados especializados en delitos de terrorismo, el escaso número de víctimas asistidas por el Estado, las limitaciones geográficas así como la restricción de información relevante para los juicios por el Ministerio de Defensa contribuyen a dilatar los plazos, al sobreseimiento (anulación por falta de pruebas) de los juicios y a la prescripción de delitos.

Esto genera sensación de impunidad en las víctimas y de “malestar” en los imputados. De otro lado, recién en 2016 el Estado peruano, a presión de las víctimas y de la sociedad civil, aprobó la Ley de búsqueda de personas desaparecidas (Ley N° 30470) que permitirá hacer efectiva la búsqueda y acortar el tiempo de entrega de sus restos. A la fecha, más de 15 mil desaparecidos yacen en 6.400 fosas identificadas por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, a la espera de la implementación de la ley (presupuesto e institucionalidad).

Las normas ciegas a la crítica de los crímenes cometidos por el Estado (negacionistas, Ley de apología), la búsqueda de indultos inconstitucionales y de amnistías, buscan quebrar la justicia. Las campañas mediáticas desarrolladas por el fujimorismo, los grupos sindicados como violadores de derechos humados, y los simpatizantes de la estrategia contrasubversiva o del terrorismo han buscado posicionar una verdad distinta de los hechos (pos-verdad) y satanizar a las víctimas. Llaman odio al derecho a la justicia, despolitizando la violencia estatal y de los grupos terroristas. Obviando el fin supremo que la justicia busca establecer y la reflexión sobre las causas estructurales que permitieron y permiten la violación de derechos humanos.

Los derechos humanos gozan de mayor aceptación y los avances acumulados en reparaciones pueden ser numéricamente relevante, pero seguiremos viviendo en “tránsito a la democracia”.

Importa garantizar el derecho a la igualdad

En algunas experiencias de comisiones de la verdad, no fue posible establecer un acuerdo sobre la reparación a las víctimas. Esto indica cuán permeables son en las sociedades el derecho a la igualdad, la posibilidad de interferir en la vida del otro sin asumir consecuencias, y la justicia como modo de “expiación” de los daños cometidos.

Pedir indulto inconstitucional o amnistía usando la reconciliación como pretexto, debería ponernos a reflexionar sobre las expectativas y compromisos asumidos por el Estado tras la publicación oficial del Informe CVR (hace 14 años). Aunque hoy, según las encuestas, los derechos humanos gozan de mayor aceptación y los avances acumulados en reparaciones pueden ser numéricamente relevantes, seguimos viviendo en “tránsito a la democracia”. Nos debatimos entre aceptar la desigualdad y erradicar nuevas y antiguas formas de violencia y de vulneración de derechos humanos.

Tal vez, porque el Perú es un país acostumbrado a esa suerte de sobrevivencia del más “apto” y a la falta de empatía, resulte aceptable para un gran sector el llamado a “voltear la página” sin mayores balances o a vulnerar el derecho a la justicia obtenido por las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Todavía vivimos luchando por ser esos seres humanos de “raza” distinta, él o la que prosigue ante la adversidad, obviando el daño moral de la desigualdad y el valor de la justicia, para seguir a paso “firme” la aventura, la meta de éxito que nos propusimos.

No extraña así que este gobierno asuma con mayor eficacia la reparación a las víctimas y considere el indulto (hoy perdón médico) a Fujimori para intentar alcanzar el crecimiento económico venido a menos por su falta de pericia, las trabas de la oposición en el Congreso de la República y las condiciones del entorno. Que los “pro amnistía” no sean capaces de reconocer sus culpas, y busquen oportunamente el “borrón y cuenta nueva” que libere a sus líderes como a sus captores.

El llamado a generar garantías para la no repetición de la violencia y la corrupción, y las causas estructurales señaladas por el Informe CVR hace catorce años, siguen vigentes. Nos toca seguir dando eco a la voz de las víctimas, bregar por la reconciliación voluntaria, con verdad y justicia, sin chantajes ni engaños.